El miércoles, 19 de mayo, comparecerán en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional María Ángeles Reyes Barranquero, que es directiva en compañías navieras; Paul Duponcheele, directivo también de la empresa TCB; y el abogado Bernd Mayer. Al día siguiente, está citada la abogada y CEO del despacho holandés Runes Movement, Susanne Marston; y el viernes declarará el consultor Alexander Ghazvinia.

En la ‘pieza Pit’ del ‘caso Tándem’ se investiga la contratación de Villarejo por un total de 7,4 millones de euros por los empresarios navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para evitar la extradición del primero de ellos a Guatemala, que lo reclamaba por sobornar a altos funcionarios del país para lograr la adjudicación de las obras de infraestructura del Puerto Quetzal.

Según la investigación, los hermanos pidieron ayuda al abogado Enrique Maestre que, a su vez, habría recurrido a un conocido mediador de negocios, Adrián de La Joya, que mantenía una estrecha relación de amistad con Villarejo, al que finalmente se le hizo el encargo.

La causa de extradición que se abrió en la Audiencia Nacional en 2016 fue archivada en dos ocasiones por falta de documentación. En 2018 se reabrió y el empresario se negó a ser extraditado. La AN denegó la entrega por tratarse de un ciudadano español, y apuntó la posibilidad de que los hechos fueran investigados en España, y de hecho el juez García Castellón ha asumido la causa en la que la Fiscalía Anticorrupción imputa delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal.