Barcelona
La Fiscalía intensifica su investigación a los responsables de Movilidad de Ada Colau
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La cúpula del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, que dirige Ada Colau, acumula varias denuncias por la gestión en la adjudicación del servicio de motos eléctricas y tiene a seis altos cargos pendientes de ser llamados a declarar ante el juez por supuestas irregularidades.
La Fiscalía de Barcelona, que abrió diligencias el pasado mes de febrero para investigar la actuación de la concejala Rosa Alarcón y de su mano derecha, Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, ha empezado a tomar declaración para determinar las presuntas irregularidades cometidas en todo el proceso.
El Ministerio Público tiene previsto llamar a declarar a Manuel Valdés López en calidad de “investigado”. También contempla tomar declaración a la propia Alarcón; a Jesús Jiménez, jefe de gabinete; a Lorena Zurrón, gerencia de urbanismo y la persona que ejecuta los actos del gerente de movilidad y tiene la interlocución con los operadores; a Eva Redó, exdelegada de Movilidad e Infraestructuras; y a su sustituta en el cargo, Dolors Ibáñez, que podrían declarar como “testigos”.
La empresa Global Mobility Sharing denunció a Rosa Alarcón y al gerente Manuel Valdés López por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias al considerar que se han cometido "irregularidades referentes a las actuaciones y omisiones engañosas y fraudulentas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2016 hasta hoy, al haberse omitido de forma dolosa actuaciones para beneficiar a empresas del sector de la movilidad personal, así como actuaciones llevadas a cabo para intentar blanquear actuaciones ilícitas y provocando actos ilícitos a favor".
En la denuncia, se considera que la cúpula de Movilidad ha beneficiado presuntamente a determinadas empresas, como Ecooltra y Acciona, y que ha actuado "para proteger un oligopolio ilegal de determinadas empresas que empezaron a operar en Barcelona con motos de uso compartido con anterioridad a la adjudicación de licencias".
En paralelo a este proceso, el gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras también está inmerso en otra investigación que lleva a cabo la Oficina Antifraude por la adjudicación de un contrato por la vía de emergencia de 1,2 millones, gracias al cual se ampliaron cuatro 'superillas' -zonas restringidas al tráfico particular- en el Eixample.
(SERVIMEDIA)
17 Mayo 2021
PAI