Así, el Cermi expresa que, según datos recopilados de entre todo el sector asociativo de la discapacidad, "son más de 32 millones de euros los que tiene pendiente de cobro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre sus diferentes Consejerías".

Por ello, solicita que se consideren los pagos que adeuda la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a las asociaciones de las personas con discapacidad como "pagos urgentes y prioritarios", en defensa de los derechos sociales de todo el colectivo.

También pide, "en el menor plazo de tiempo posible", un calendario concreto y real de pagos para que la incertidumbre que esa indefinición de fechas ha generado en nuestro sector pueda acabarse y planificar las actuaciones precisas que nos ayuden a salir adelante.

Asimismo, el Comité quiere que se conozcan, "lo antes posible", las previsiones presupuestarias del Gobierno de Castilla-La Mancha para la elaboración de presupuestos destinados a las políticas de acción para las personas con discapacidad y sus familias y poder, así, colaborar con los diferentes departamentos en la planificación de las actuaciones dirigidas a este colectivo.

Otra de las demandas que recoge el Manifiesto es que el Gobierno de Castilla-La Mancha diseñe en coordinación con el Cermi CLM un plan de estabilidad a corto, medio y largo plazo para todo el sector "que permita garantizar unos derechos sociales de calidad a las personas con discapacidad y sus familias, así como su participación social e inclusión social, laboral y educativa en la región".

Además, el Comité solicita una revisión de los modelos de gestión de las colaboraciones entre la Administración y las asociaciones del sector en la gestión y prestación de servicios públicos, de cara a garantizar el "mejor sistema de cooperación" que posibilite que situaciones como las actuales "no se repitan en años sucesivos".

Por último, el Cermi CLM insta al cumplimiento de la Ley en todo lo que afecta al sector de la discapacidad, especialmente, en todo lo relacionado con la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau), aprobada por el Gobierno de España en 2003.

"Ésta garantiza y exige a los poderes públicos la obligatoriedad de contar con la representación organizada de las personas con discapacidad en todo lo que se legisle y afecte", argumenta el Comité.