A falta de la aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica “está hoy más cerca de ser una realidad, gracias a su ratificación en el pleno del Senado”, señalaron ambas entidades.

Cuando la nueva legislación entre en vigor figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada, basadas en la eliminación total de la capacidad de obrar de estas personas, serán sustituidas por un sistema de apoyos individualizados, encaminados a ofrecer las ayudas necesarias (materiales, humanas, técnicas…) para que cada persona pueda tomar sus decisiones de forma libre y autónoma.

Representantes de ambas entidades estarán presentes esta tarde en la aprobación del proyecto de ley, que deberá volver a la Comisión de Justicia del congreso para su ratificación definitiva. A su juicio, “se trata de un nuevo paso que acerca a España al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Para el presidente de la AEFT, Ignacio Redondo, esta reforma servirá para “pagar la deuda histórica que tenemos con las personas que, como las que apoyamos a través de las Fundaciones Tutelares, están incapacitadas judicialmente y a las que se les ha negado el derecho a decidir sobre sus propias vidas”. Esta situación jurídica, vigente en la actualidad, supone “una discriminación que limita su estatus de ciudadanas de pleno derecho”, declaró.

El presidente de Plena inclusión, Santiago López, indicó, por su parte, que “con esta reforma, nos enfrentamos a retos que suponen una transformación profunda de nuestros sistemas de apoyo y garantías para la presencia, participación e influencia de todas las personas en la sociedad”. “Esperamos que todos estemos a la altura de esta oportunidad histórica”, concluyó.