Así lo precisó este martes la titular del ramo, Carolina Darias, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en la que ambos desglosaron las componentes de dicho plan correspondientes a sus departamentos.

Con respecto al componente 18, Darias puntualizó que su objetivo es establecer las “bases” para “mejorar y ampliar” las actuales capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) así como “contribuir” al “progreso social” de España y, “sobre todo, a la construcción de una UE para la salud”, preparar al sistema frente a posibles amenazas sanitarias globales como la actual pandemia e incrementar las capacidades de salud pública y vigilancia epidemiológica.

Además, explicó que el Componente 18 recoge los acuerdos adoptados por la Comisión de Reconstrucción del Congreso para abordar este proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud y que esos 1.069 millones de euros estarán ligados a cinco reformas.

La primera es el fortalecimiento de atención primaria como “eje vertebrador” del SNS con la implementación del Marco Estratégico para fortalecer la Atención Primaria y Comunitaria, incluyendo tanto acciones normativas, como de gestión e inversión y el impulso a una nueva legislación con la que poder incrementar la cartera común de servicios sanitarios públicos, con el objetivo de consolidar la cohesión, equidad y universalidad del SNS.

Junto a ello, en segundo lugar, se impulsarán el refuerzo de la dotación de profesionales médicos y de enfermería, la reducción de la temporalidad, la mejora de las condiciones laborales y la formación y desarrollo de los profesionales así como la reforma de la ley que regula el personal sanitario en España y la aprobación de un Real Decreto para mejorar el sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

En paralelo, se acometerá la reforma del Sistema de Salud Pública, mediante una Nueva Estrategia Española de Salud Pública, y se crearán una Red de Vigilancia en Salud Pública y un Centro Estatal de Salud Pública, todo ello, con el fin de desarrollar los instrumentos “estratégicos y operativos” definidos en la Ley española de Salud Pública.

Por lo que se refiere a la regulación de medicamentos, se llevará a cabo la modificación del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el objetivo de “armonizar y adaptar” la legislación actual a las “necesidades y desafíos actuales y futuros” en materia de política farmacéutica del SNS, a los nuevos avances científicos, profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico e incentivar el uso racional de medicamentos.

INVERSIONES

En cuanto a inversiones, hizo hincapié en la puesta en marcha del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (Inveat), para renovar o ampliar, según los casos, los equipos de los que disponen las comunidades autónomas, equilibrar las diferencias interregionales y alcanzar la media de la Unión Europea en cuanto a número de equipos por millón de habitantes.

Se trata, según Darias, de la apuesta “más importante” por su “volumen de recursos e importancia”, dado que, para combatir la obsolescencia de estos equipos, se destinarán un total de 791 millones con los que “poner” a las comunidades autónomas “en la media europea”. “La mayoría de partidas irán a renovación y otras, a ampliación de equipos e iremos armonizando la renovación y ampliación dependiendo de cada comunidad autónoma”, abundó.

Por lo que se refiere al refuerzo de las medidas de prevención y promoción de la salud, esta estrategia recibirá 62 millones de euros distribuidos desde el presente ejercicio hasta 2023 para la lucha contra el tabaquismo, la prevención del consumo de alcohol especialmente entre los menores, la promoción de entornos y estilos de vida saludables, la reducción del consumo de antibióticos, el tratamiento de las adicciones o la estrategia de salud mental y la lucha contra el cáncer.

El tercer apartado es el referido al aumento de la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud ante futuras crisis sanitarias, en el que se han incluido las inversiones en equipamientos para el nuevo Centro Estatal de Salud Pública y el Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública así como la dotación del nuevo Hospital de Melilla.

Asimismo, contempla el aumento de capacidad del laboratorio de ensayo de Equipos de Protección Individual del Centro Nacional de Medios de Protección; el refuerzo del Centro Nacional de Alimentación y laboratorio de biotoxinas; inversiones tecnológicas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), así como la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia.

El cuarto capítulo de inversiones se destinará a reforzar las capacidades y competencias de los profesionales de la sanidad, así como a promover herramientas que les permitan compartir conocimiento para mejorar la coordinación y calidad de la atención sanitaria a través de la formación continuada, la recertificación de competencias, además de una serie de herramientas colaborativas para atender a los pacientes de alta complejidad y un mapa informatizado para visualizar recursos y prestaciones de la atención temprana en España.

El quinto bloque de inversiones se destinará al plan para la racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad mediante el que se materializarán mejoras en los sistemas de evaluación de medicamentos, las tecnologías y las prestaciones sanitarias y se fomentará la utilización de los medicamentos genéricos y biosimilares en el SNS. También se desarrollará y modernizará la prestación ortoprotésica, se aumentarán las habilidades y el conocimiento de los profesionales para el uso racional de medicamentos y tecnologías sanitarias, y se impulsará el fomento y adaptación regulatoria para la mejora de la I+D+i del sector del medicamento.

El sexto ámbito de inversiones es el llamado ‘Data lake sanitario’, que tiene como objetivo proporcionar recursos que faciliten el desarrollo e implantación de proyectos de procesamiento masivo de datos por parte de las comunidades autónomas, el ministerio, centros y unidades de investigación u organizaciones del sector privado del sector de la salud.