Fuentes del Ejecutivo reclaman “coherencia” a los gobiernos autonómicos a la hora de tomar medidas que limiten derechos y libertades fundamentales y que requieren del aval jurídico, cuando a la vez adoptan ampliaciones de horarios, por ejemplo, en el ocio nocturno.

En La Moncloa consideran que hay un elenco de medidas que las comunidades autónomas pueden tomar antes del toque de queda de manera que esta medida, o el cierre perimetral, sean “últimos recursos”.

En tal caso, defienden que los gobiernos autonómicos pueden recurrir al Ejecutivo central pidiendo un estado de alarma adaptado a su región, o buscar el respaldo jurídico de su Tribunal Superior de Justicia.

Precisamente, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, sostuvo que "cuando las medias están justificadas en base a incidencia epidemiológica no tenemos duda de que los tribunales y el Tribunal Supremo resolverán de forma favorable a lo que piden los territorios".

ACELERAR LA VACUNACIÓN

En este contexto, el Gobierno solicitó este martes a las comunidades autónomas que “aceleren” el proceso de la vacunación porque es la “única herramienta” para acabar “de forma definitiva esta pandemia”.

La ministra de Hacienda trasladó esta petición desde la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, para que, “en la medida de sus posibilidades", desde los gobiernos regionales “aceleren todo el proceso de vacunación, porque es la única herramienta real” para acabar con la pandemia de Covid-19.

Montero indicó que “la herramienta principal es el arsenal de vacunas que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas”, con el fin de que “se pueda llevar un ritmo de vacunación que nos permita cumplir el ritmo de 70% de vacunación”. Y, como hiciera minutos antes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reiteró que España está a “99 días” de lograr ese objetivo.

La portavoz comentó que este fin de semana finalizó el estado de alarma tras varios meses y “empezamos nueva fase”, donde ahora las comunidades autónomas “tienen a su disposición una amplísima batería para controlar pandemia”, con las iniciativas que “consideren oportunas”, salvo aquellas que precisan un “aval judicial” porque atañen a derechos fundamentales.

En esta línea, sostuvo que las comunidades autónomas cuentan con “todo un abanico de medidas que pueden aplicar y que no tiene por qué afectar a las restricciones de derechos fundamentales”. “Hay que estar ponderando, monitorizando las medidas que las comunidades tienen que desplegar sabiendo que lo importante es contar ya con un arsenal de vacunas", añadió.

La portavoz justificó la situación en la que se mantiene el Ejecutivo porque “hoy estamos en una incidencia que es prácticamente la mitad” de la que había hace seis meses cuando se puso en marcha el estado de alarma que acaba de terminar. Es una “circunstancia extraordinariamente distinta” a la de octubre, remachó.

"Son solo esos indicadores epidemiológicos los que nos permiten levantar el estado de alarma y animar a que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias no necesariamente en la restricción de derechos fundamentales", apuntó.

Expuso, en este sentido, que “no se puede pasar del estado de alarma a que las discotecas estén abiertas hasta las 2 o 3 de las mañana", en clara alusión al gobierno andaluz que preside Juanma Moreno. "Hay unas medida intermedias que se pueden implementar para que de manera paulatina vayamos avanzando” en la vuelta a cierta normalidad y transitar hacia el “luz al final del túnel”.

No obstante, la ministra ahondó en que “el fin del estado de alarma no implica de ninguna manera el fin de la pandemia o relajar las medidas” que, de “forma individual” toma cada ciudadano para su “propia protección” y la de las personas con las que convive. Es “imprescindible apelar a la responsabilidad, aun sabiendo que la fatiga pandémica pesa, y mucho. Es imprescindible que mantengamos todas las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias", insistió.

Montero defendió que se transita por el final de esta pandemia, pero animó a “recorrer sin bajar la guardia” este trecho final, ya que “nos jugamos mucho”, como no “volver a cifras de contagio" como las de hace meses, no “volver a estresar a personal sanitario” y “poner en riesgo” la llegada de viajeros extranjeros.

“Por favor, extremen las precauciones, queda solo este trecho final", concluyó. "Animo a toda la población” y a la “cooperación para que los poderes públicos cumplamos con nuestras obligaciones y competencias”, dijo la portavoz.

CONTRA EL PP

En esta jornada, el Gobierno respondió a las críticas del Partido Popular de que no apoyan su denominado ‘plan b’. Mientras el jefe del Ejecutivo señaló que "una ley ordinaria no va a sustituir a la Constitución, esto es de primero de Derecho", la portavoz criticó que la reforma contiene un “sólo artículo” y no parece “ningún tipo de plan b ni alternativa” sino “uno de los principales ataques a la libertad de los ciudadanos”.

Montero explicó que la iniciativa del PP “deja exclusivamente a los gobiernos la capacidad de anular” derechos y libertades fundamentales sin control de otro poder del Estado, y se preguntó sobre el riesgo que supondría esa medida en caso de salir adelante si algunas fuerzas políticas llegan a los Ejecutivos, en clara referencia a Vox.

En el Ejecutivo consideran “imprescindible” para la limitación de derechos que, “al menos” dos de los tres poderes del Estado estén concernidos, por garantía del sistema.