Denuncias a personas sin hogar, pertenecientes a grupos vulnerables y con presencia justificada en la calle; amenazas a periodistas que realizaban su trabajo; actuaciones policiales poco profesionales e incluso abusivas como bofetones, ‘collejas’ y empujones a personas que no mostraban ni resistencia ni actitud violenta; limitaciones al derecho de manifestación pacífica, y acceso a domicilios sin órdenes judiciales previas son los ejemplos más repetidos de estas vulneraciones.

Amnistía Internacional aseguró en un comunicado no cuestionar las restricciones impuestas al ejercicio del derecho a la libertad de circulación, ni la legitimidad ni la necesidad general de las actuaciones policiales llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de la salud.

A su juicio, estas vulneraciones de derechos “ponen sobre la mesa una vez más la urgencia de reformar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, que fue utilizada como base legal para la mayor parte de las sanciones durante el estado de alarma”.

Desde el inicio de las restricciones (hace ya más de un año), Amnistía Internacional criticó el hecho de que las fuerzas de seguridad adoptaran un enfoque “eminentemente coercitivo en sus actuaciones” y “la falta de criterios claros para llevar a cabo su función, especialmente en el trato con grupos vulnerables y con necesidades específicas”.

“El aumento del poder discrecional que la LOSC otorga a los miembros de las fuerzas de seguridad y la falta de mecanismos adecuados de supervisión de la actuación policial abrieron la puerta a actuaciones arbitrarias durante la pandemia”, criticó Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España.

“A lo largo de todo este tiempo, Amnistía internacional ha podido documentar numerosos casos de imposición arbitraria de sanciones, vulneraciones a los derechos a la libertad de información o de manifestación y el empleo de uso excesivo de la fuerza".

Tampoco ha habido transparencia por parte de las autoridades sobre cómo las intervenciones de las fuerzas de seguridad afectaban a colectivos especialmente vulnerables", agregó.

Solo durante el primer estado de alarma (marzo a mayo de 2020), Amnistía Internacional documentó 61 casos de personas que habían sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos en cinco situaciones; personas sin hogar o pertenecientes a grupos vulnerables, transeúntes denunciados sin apercibimiento o con presencia legitimada en la calle, amenaza a periodistas que realizaban su trabajo, actuaciones policiales poco profesionales e incluso abusivas y acceso a domicilios sin órdenes judiciales previas.