Romeral, que acaba de ser propuesto por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como número dos de Anticorrupción, hizo estas afirmaciones en la presentación de su informe final ante el tribunal que juzga si el PP pagó parte de las obras de reforma de su sede nacional de la calle Génova de Madrid con dinero negro.

El ministerio público elevó a definitivas sus conclusiones finales, en las que mantiene una petición de cinco años de cárcel para Bárcenas, sin aplicarle ninguna reducción en la pena inicial pese que el acusado expresó su deseo de colaborar con la Fiscalía justo antes del comienzo de este juicio.

El juicio por la ‘caja b’ comenzó el pasado 8 de febrero y encara en estos momentos su recta final. Acusaciones y defensas presentan desde este jueves sus escritos de conclusiones. El primero ha sido el del fiscal Anticorrupción, que ha mostrado su “convicción” de que los papeles en los que Bárcenas recogió decenas de entradas y salidas de dinero opaco entre 1990 y 2008 contienen “información veraz”.

A su juicio, esos apuntes manuscritos “son reales, carecen de valor contable, pero recogen al menos en parte información veraz y son el reflejo de una realidad con trascendencia jurídico penal”.

El fiscal no da crédito a las explicaciones exculpatorias de los cuatro acusados para los que pide penas de prisión. Se trata del propio Bárcenas, al que pide cinco años de cárcel; el exgerente del PP Cristóbal Páez, para el que solicita 18 meses de prisión; y los socios de Unifica (la empresa que ejecutó las obras), Gonzalo Urquijo y Belén García, para los que rebaja su petición de pena de tres años y 10 meses a dos años y medio de prisión.

Sobre la mesa del tribunal está decidir si los acusados participaron en una operación para pagar hasta 1,5 millones de euros procedentes de la ‘caja b’ del Partido Popular que se nutría de donaciones ilegales de empresarios.

Romeral se apoya “con cautela” en la versión dada por Bárcenas del funcionamiento de esa ‘caja’ en el juicio y destaca que el extesorero ha dado “distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de la causa” y ha tenido un comportamiento errático durante la investigación de estos hechos.

Así, el fiscal se inclina por dar credibilidad a su versión únicamente en aquellas partes que se pueden “corroborar con otros hechos”. El ministerio público no confía en esa voluntad de colaboración expresada por Bárcenas y no ha atendido a la petición de su defensa para aplicarle la atenuante de colaboración en el esclarecimiento de los delitos.

Pese a esa mentiras vertidas en fase de instrucción por Bárcenas, que llegó a disimular su caligrafía para demostrar que esos “papales” no eran suyos, el fiscal los reconoce como “reales” ya que varios de los perceptores de esos fondos han reconocido haber recibido el dinero reflejado en ellos y los auditores de Hacienda han refrendado la relación entre varios apuntes de salidas de dinero y la cuenta oficial del partido: “Se ha visto cómo se pasaban fondos de la contabilidad ‘b’ a la ‘a’. Eso es incontestable”.

Finalmente, el fiscal Romeral entiende que Bárcenas no ha explicado de manera razonable por qué en una de las copias de los ‘papeles’ aparece el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como receptor de sobresueldos y en otra copia no aparece. Por este tipo de cosas, el fiscal prefiere “dudar, ser cauteloso y admitir solo aquello que se corrobora con otros indicios que avalan ese testimonio”.

FRAUDE GENERALIZADO

A continuación del fiscal, presentó su informe la abogada del Estado Rosa María Soane, quien aseguró que en esta causa se ha demostrado la existencia de “un escenario de defraudadores por partida doble”: por un lado el PP con su ‘caja b’, y por otro, los propietarios de la empresa que realizó las obras en la sede del PP, Unifica.

Según la Abogacía del Estado, en la empresa propiedad de los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, ambos acusados en este juicio, se ha podido detectar “una mecánica defraudatoria generalizada” destinada a eludir el pago de impuestos.

Seoane considero probado que ambos socios conocían la existencia de una ‘caja b’ y que hicieron “declaraciones tributarias a medida", de manera que “Urquijo y García decidieran pagar los impuestos que querían y cuando querían”, lo que “por supuesto supone un fraude".

En una intervención dura, la abogada del Estado rechazó la idea de que la regularización fiscal que realizaron en 2012 al amparo de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro descarte el delito fiscal, muy al contrario, considera que lo que evidencia es que "defraudaron, no una, sino dos veces", como contribuyentes y como administradores de Unifica, cuyos ingresos escondieron y ocultaron.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado entienden como probada la existencia de una ‘caja b’ en el PP de cuyos pagos en dinero negro tenían constancia los cuatro acusados, es decir, los responsables de la tesorería del PP y los dueños de la empresa.