La AEC se pronunció así sobre la intención del Gobierno de que los conductores paguen por circular por vías de alta capacidad a partir de 2024, tal y como figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea.

Según la AEC, las carreteras españolas tienen un valor patrimonial de 215.000 millones de euros que desde 2009 ha sido “abandonado a su suerte” por “sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos”, pues los recursos destinados a conservación se redujeron en un 76% entre 2009 y 2019.

Así, la red viaria española acumula un déficit de mantenimiento que la AEC cifra en 7.500 millones de euros, cantidad mínima necesaria para que se encuentre en “un estado aceptable”. Ello ha supuesto, según esta asociación, un incremento de 25 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en la última década.

La AEC apuntó que el 82% de la red viaria de alta capacidad (autopistas y autovías) es gratuita para los conductores, si bien cuatro comunidades autónomas aglutinan el 52% de los peajes. Veintitrés países europeos cobran por el uso del 100% de estas carreteras.

Por ello, retomó este jueves el ‘bono de movilidad’, propuesto hace más de una década y por el cual los conductores pagarían a partir de un determinado número de kilómetros recorridos o por razones ambientales.

PROPUESTA

La propuesta se resume en circulación libre y gratuita de todos los vehículos y para todas las redes de carreteras –excluyendo las vías de peaje- hasta 10.000 kilómetros anuales los vehículos ligeros y 50.000 kilómetros los pesados de más de 3,5 toneladas.

A partir de esos recorridos, los conductores de vehículos ligeros pagarían 0,03 euros por kilómetro y los de pesados, 0,10 euros por kilómetro. El abono se realizaría con un control georreferenciado integral, esto es, el pago directo mediante un terminal embarcado (OBU) asociado a una cuenta corriente.

Además, existiría la posibilidad de modificar variables en función de las necesidades (horas valle, horas punta, nivel de servicio, emergencias, tipos de vía, necesidades ambientales, etc.).

También se optimizaría la demanda (con la gratuidad nocturna para vehículos pesados), se controlaría la accidentalidad, se regularían las emisiones, se adaptarían las infraestructuras al futuro (digitalización, conectividad y automatización) y los ingresos serían “finalistas”, es decir, se crearía un fondo exclusivo para carreteras y transporte gestionado por una agencia creada ‘ad hoc’.

No obstante, la AEC reconoció que este esquema plantea algunas incógnitas, pues los plazos de puesta en marcha del pago son más largos que los de otros modelos, sería necesario instalar una unidad embarcada en todo el parque vehicular del país y la adaptación del modelo a los vehículos extranjeros.