En su informe Anual correspondiente a 2020, manifestó su “preocupación por el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de Ingreso Mínimo Vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para enfrentar el coste de sus necesidades familiares de subsistencia, y que están siendo respaldadas por las asociaciones vecinales y colectivos sociales”.

Según el trabajo presentado hoy al Parlamento, las quejas referidas a la solicitud de ayudas para alimentos y de alquiler aumentaron de forma drástica en 2020, por lo que el Defensor solicitó información a los respectivos ayuntamientos.

Por otro lado, el informe advierte de la demora en el cobro de las Rentas Mínimas de Inserción de las comunidades autónomas, un hecho recurrente ya en ejercicios previos, pero que con el estado de alarma se agudizó.

Fernández Marugán denunció además que la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital ha implicado aún más retrasos en las ayudas autonómicas, que a su juicio deberían “reorganizarse y concebirse de forma subsidiaria”.

Sin embargo, valoró de forma muy positiva la aprobación de dicha medida, así como las modificaciones introducidas para agilizar su gestión.

Consideró que “el primer desafío es resolver cuanto antes el elevado número de expedientes pendientes”, ya que solo durante los seis primeros meses de existencia de la prestación, se presentaron un millón cien mil solicitudes, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión.

A mediados de diciembre, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había tramitado casi el 80% de los expedientes, es decir, unos 800.000, pero quedaban aún pendientes más de 270.000 expedientes.

También reclamó el Defensor simplificar tanto el procedimiento como la regulación de la ayuda, que al día de hoy “resulta muy compleja y exigente”.

En su opinión, “otro desafío consiste en lograr que la condicionalidad de la prestación y la complejidad de los trámites no impida la cobertura para aquellos cuya situación de vulnerabilidad económica merezca ser protegida”.

Finalmente, lamentó que muchas denegaciones se “despachan” sin suficientes explicaciones, apenas “con una frase”. En esta línea, pidió a la administración que especifique de dónde proceden los patrimonios considerados en los casos en que se estima que el solicitante sobrepasa el umbral mínimo de renta, así como la unidad familiar a la que se asigna a los adultos que no se incluyen en la unidad que pide el IMV.