La institución dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán se hace eco en su informe de una queja ciudadana ante la respuesta de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura de que la región carece de un plan de recuperación de lobo ibérico por no haber poblaciones estables de la especie.

El Defensor del Pueblo considera "insuficientes" las razones del Gobierno extremeño porque cuando una especie se declara 'en peligro de extinción' -el lobo lo es en Extremadura desde 2001- es necesario aprobar un plan de recuperación por parte de la comunidad autónoma en cuestión.

"El hecho de que no se haya detectado 'o no se tenga constancia' de la presencia de poblaciones estables de lobo ibérico en Extremadura, no justifica que no se apruebe el plan de recuperación", sentencia la institución.

Además, apunta que el plan de recuperación está destinado a "revertir esa tendencia" del lobo ibérico como especie en peligro de extinción en Extremadura, por lo que debe incluir las medidas más adecuadas para actuar sobre los factores que inciden negativamente en ella. "No se trata, por tanto, de actuar solo en el caso de que se tenga constancia de la existencia de poblaciones estables de lobos asentadas sobre el territorio de Extremadura, sino de actuar sobre las causas que amenazan su supervivencia y recuperar las poblaciones hoy desaparecidas, aprovechando la presencia de la especie en los territorios limítrofes", añade.

El Defensor del Pueblo apunta que las reticencias ante la recuperación del lobo suelen ir asociadas a "la conflictividad que se genera entre los partidarios de su recuperación y quienes se oponen, como puedan ser los titulares de intereses ganaderos o cinegéticos".

"El conflicto entre intereses concurrentes es propio de la actividad administrativa; también lo es la participación del público en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente, un derecho reconocido a los ciudadanos y que debe garantizarse a unos y otros durante la elaboración y adopción de planes de recuperación de especies en peligro de extinción", añade.

Además, indica que "el plan de recuperación del lobo, como el de cualquier otra especie, no es un plan que se adopte sin tener en cuenta los condicionantes del desarrollo sostenible, es decir, las repercusiones económicas y sociales de los objetivos de conservación que se fijen para la especie, lo cual exige adoptar medidas para compatibilizar todos esos intereses (y que se determinan en el plan de recuperación)".

Por ello, el Defensor del Pueblo sugirió a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad a elaborar un aprobar "a la mayor brevedad" el plan de recuperación del lobo en Extremadura, pero este órgano autonómico contestó que pospone esa medida hasta que se complete la revisión de la estrategia estatal para la conservación de esa especie.