Según informó la Vicepresidencia Tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, se ha aprobado el nombramiento de Costas para presidir el CES y el de María Soledad Serrano Ponz como secretaria general de este organismo.

Antón Costas (Vigo, 1947) es doctor en Economía e ingeniero técnico industrial. Ha sido profesor titular y después catedrático de política económica en la Universidad de Barcelona donde, en las tres últimas décadas, ha impartido docencia, ha llevado a cabo investigaciones y publicado numerosos artículos, ensayos y libros sobre las cuestiones económicas, sociales y laborales que forman parte de las funciones y actividades del CES.

María Soledad Serrano (Huesca, 1969) es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza e inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Ha sido miembro titular del Consejo de Administración de la Autoridad Laboral Europea desde su creación hasta enero de 2020, Representante del Gobierno de España en el grupo asesor de la Comisión Europea en la constitución de la Autoridad Laboral Europea hasta julio de 2018, y representante del Gobierno de España en la Plataforma Europea de Trabajo no Declarado entre 2018 y 2020.

PRÓRROGA DE MEDIDAS COVID

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que prorroga algunas medidas como la que flexibiliza de forma temporal el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del Covid, que con la extensión aprobada seguirá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021.

De manera excepcional, por la pandemia, este fondo puede destinarse a cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

La dotación de este fondo se repondrá en un plazo máximo de diez años hasta el importe que tenía cuando se adoptó su uso excepcional por la pandemia.

Para las sociedades laborales y participadas, se prorroga por 24 meses más el plazo de 36 meses contemplado en el artículo que regula la calificación de sociedad laboral para las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.

En concreto, en el apartado 2. b) del artículo 1 de la ley de sociedades laborales y participadas se exceptúa del requisito de que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales superiores a la tercera parte del capital social a las sociedades que se constituyan inicialmente por dos trabajadores indefinidos con un reparto al 50% del capital social, con la obligación de que en un máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido. Con la prórroga de hoy, se dan 24 meses más para ello, “a efectos de evitar las consecuencias que comportaría la descalificación de aquellas sociedades laborales que, con motivo de la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria, no les hubiere sido posible adaptarse a los límites establecidos legalmente en el plazo máximo de adaptación.”

Esta prórroga extraordinaria será aplicable a las sociedades laborales constituidas durante los años 2017, 2018 y 2019.