En este juicio se trata de dilucidar si el Partido Popular pagó parte de las obras de reforma de su sede nacional de la calle Génova de Madrid con dinero negro, y también si usó cantidades de esa ‘caja b’ para la compra de acciones de Libertad Digital.

La Fiscalía Anticorrupción determinará el miércoles si mantiene su petición de cinco años de prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas o si la rebaja teniendo en cuenta su ofrecimiento de colaboración con la justicia.

Junto al extesorero y exsenador 'popular' se sientan en el banquillo de los acusados el exgerente del PP Cristóbal Páez, para quien la Fiscalía pide un año y medio de cárcel; y los dueños de Unifica, la empresa que hizo la reforma, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes la petición de pena es de tres años y 10 meses de prisión. También está acusada una empleada de esa empresa, Laura Montero, para quien la Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa. Las acusaciones populares hacen peticiones de pena más elevadas para todos ellos.

CONFESIÓN

En el mes de febrero, Bárcenas remitió un escrito al ministerio público en el que aseguraba que la ‘caja b’ existía, que de ella salían sobresueldos para los dirigentes del partido y que las donaciones de los empresarios estaban vinculadas a la adjudicación de contratos públicos. Estos hechos están siendo investigados por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Bárcenas aseguró que entre los receptores de sobresueldos estaban el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; los exsecretarios generales del partido María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Ángel Acebes; exministros como Federico Trillo o Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero o el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. Todos han declarado como testigos en este juicio, en el que también tuvo que comparecer el expresidente José María Aznar y todos han negado esos hechos.