Así consta en la actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2021-2024 que el Ejecutivo remitió este viernes a la Comisión Europea, junto con el Plan Nacional de Reformas para este año y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que canalizará los fondos europeos.

El salario de los empleados públicos y las pensiones con carácter general se elevaron este año un 0,9%, en línea con la estimación de la evolución de los precios manejada por el Ejecutivo.

El último Gobierno del PP llegó a acuerdos con las organizaciones sindicales, el último de ellos para los años 2018, 2019 y 2020, mediante los cuales se elevaba el salario de los funcionarios en una parte fija más una parte variable en función del crecimiento del PIB y de los objetivos de déficit público.

Igualmente para las pensiones, el Gobierno promete un incremento “en línea con la evolución de los precios” y una paga compensatoria por una inflación en 2021 “posiblemente más alta del 0,9%”. El Gobierno ya se comprometió en la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) a abonarla en un único pago antes de abril de 2022.

Respecto a la reforma de pensiones, el Gobierno promete garantizar el poder adquisitivo con “una nueva regla de revalorización que toma como referencia la inflación del año anterior”, aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal, la “adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión a las nuevas carreras profesionales, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora”, derogar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013 y sustituirlo por otro mecanismo, un “incremento gradual” de la base máxima de cotización “acompasada de una adaptación de la pensión máxima”, o el impulso de los sistemas complementarios, entre otras medidas.

En cuanto a la reforma laboral, el Ejecutivo remite a Bruselas la reducción del número de contratos a tres -indefinido, temporal y de formación o prácticas-, “centrar los esfuerzos en el primer semestre” en un plan de choque contra el desempleo juvenil, un nuevo mecanismo al estilo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para crisis puntuales en las empresas, regular la subcontratación, la “modernización” de la negociación colectiva y la revisión de bonificaciones a la contratación.

“Con el fin de garantizar la estabilidad en el tiempo de las reformas, todos estos elementos se tratarán en el marco del diálogo social, que reúne al Gobierno y a los principales agentes sociales, con el fin de llegar a soluciones equilibradas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin generar rechazo social y efectos secundarios indeseados”, especifica el Gobierno en el Plan Nacional de Reformas.

Además, se apunta que a partir de 2022 finalizarán todas las medidas adoptadas por la Covid-19, como las prestaciones por cese de actividad para autónomos, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las prestaciones por incapacidad temporal por Covid.