Serret hizo estas declaraciones a su salida del Tribunal Supremo, donde se entregó el pasado 11 de marzo tras permanecer huida en Bélgica junto a otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont, que permanece en ese país.

La exconsejera estaba procesada en rebeldía por los delitos de desobediencia y malversación. Tras comparecer ante el juez aseguró que la declaración era “un paso consecuente con la comparecencia del 11 de marzo”. En su declaración, ha hecho un repaso a todos los hechos que constan en el auto de procesamiento y a las imputaciones de malversación y desobediencia.

“He reconocido haber recibido los requerimientos del Tribunal Constitucional y he asumido los acuerdos que como Gobierno realizamos siguiendo ese mandato popular de esa mayoría parlamentaria para impulsar el referéndum”, explicó. En relación al delito de malversación, Serret ha dicho al juez que desde su departamento “no se incurrió en ningún gasto que pueda ser considerado delictivo”.

La exconsejera de ERC insistió en que su decisión de presentarse al TS responde a su deseo de “intentar solucionar el conflicto político que no debería haber entrado nunca en estas salas (de los tribunales)” y se comprometió a “luchar por acabar con la represión y servir también a los compañeros que están dentro de esta causa general contra el independentismo”. Tras su comparecencia no se ha planteado la aplicación de ninguna medida cautelar.

El independentismo ha convertido esta declaración en un acto de protesta y reafirmación. Dirigentes de ERC, Junts y la CUP la han acompañado para darle su apoyo y protestar contra lo que consideran una "causa general contra el independentismo".

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès aseguró que este procedimiento es “una venganza” contra el independentismo, y reclamó una respuesta política que pase por la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación para solucionar la situación. En ese sentido, protestó por la lentitud en el trámite de los indultos porque "se va muy rápido cuando se trata de condenar” y cuando se tienen que valorar los indultos “todo va mucho más lento".

Por su parte, la diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo reafirmó el objetivo común del independentismo de conseguir una amnistía y puso el foco en que “la represión empieza a resquebrajarse” en el Tribunal Constitucional, después de que dos magistrados hayan considerado que los hechos del 1-O y del 20 de septiembre fueron reuniones pacíficas, y se acabará de resquebrajar en los tribunales de la UE.

También acompañó a Serret el diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran, quien afirmó que los jueces "nunca deberían haber politizado la causa contra el independentismo para utilizarla contra los considerados enemigos" y denunció las contradicciones de la politización de esta causa.

Serret llegó a la sede del TS poco antes de las 10.30 horas acompañada de Aragonés; de la portavoz del Govern, Meritxell Budó; de la consejera de Agricultura, Teresa Jordà; y de la secretaría general adjunta y portavoz de los republicanos, Marta Vilalta.

Al final de la declaración también habló Marta Castro, que ejerce la acusación popular en nombre de Vox en esta causa. Explicó que Serret se ha negado a responder a sus preguntas y destacó que “no ha negado el conocimiento de que se oponía al mandato del TC”, lo que consideró suficiente para acreditar el delito de desobediencia.

Serret se entregó el pasado 11 de marzo por sorpresa en las dependencias del alto tribunal, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín. Tras regularizar su situación, el magistrado acordó su libertad, dejando sin efecto la orden de busca y captura nacional que pesaba sobre ella y la situación de rebeldía en la que se encontraba.

Sobre Serret pesaba una orden de busca y captura por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y en el ‘procés’ independentista. En el auto de libertad el magistrado acordó que Serret quedaba obligada a designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada y que comparecerá ante este órgano judicial cuantas veces fuera llamada.

La exconsejera huyó a Bélgica en octubre de 2017 como también hicieron el expresidente Carles Puigdemont y varios miembros de su Gobierno. Serret fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Sin embargo, no se ha acreditado hasta el momento que el departamento que dirigía hiciera pagos para la organización del referéndum del 1-O. Los exconsejeros que fueron juzgados por estos mismos delitos sólo fueron condenados por desobediencia.

Serret no estaba en la lista de procesados por el proceso independentista sobre los que el juez Pablo Llarena dictó Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019. Sí pesaba sobre ella orden nacional de detención.