Tras el anuncio por parte del Imserso de que el nuevo baremo se aprobará de forma definitiva en el año 2022, Cocemfe resaltó que “es necesario y urgente que se agilicen todos los trámites para que el nuevo baremo se ponga en marcha lo antes posible”. Según su presidente, Anxo Queiruga, “no podemos esperar más”.

Explicó que “el baremo del grado de discapacidad es la herramienta que ‘mide’ las dificultades que tiene una persona con una determinada enfermedad o condición para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones”, explicó, y “le permite la entrada al sistema de derechos establecidos en España, gracias a la obtención del certificado de discapacidad”.

A su juicio, el actual baremo “se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad están desfasados, ya que hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan sobre todo a la discapacidad orgánica”.

Este es el caso de situaciones como la fatiga o el dolor, los efectos de la carga del tratamiento, enfermedades reumatológicas y enfermedades que cursan con brote, e impide que estas personas obtengan la valoración del grado de discapacidad que les debería corresponder. Ello dificulta más su inclusión y participación activa en la sociedad.

En concreto, “no obtener el certificado de discapacidad se traduce en falta de adaptación curricular en la educación, dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, no poder acceder a plazas específicas para personas con discapacidad en las oposiciones, dificultades para acceder a ciertas prestaciones económicas, pérdida de amistades y relaciones por problemas para relacionarse con el entorno y la aparición de otro tipo de patologías”, detalló Cocemfe.

Criticó que el actual baremo no se adapta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, puesto que su enfoque gira en torno al modelo médico-rehabilitador de la discapacidad, es decir, se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica”.

A pesar de que el nuevo baremo “no es ideal”, Cocemfe considera que “es necesario que se ponga en marcha para avanzar, puesto que es un trabajo consensuado en 2017 por todas las partes y se han realizado pilotajes con resultados satisfactorios en diferentes territorios. “Las personas más vulnerables necesitamos respuestas más rápidas y ágiles de nuestras administraciones”, afirmó Queiruga.

Por ello, Cocemfe exigió a las diferentes administraciones implicadas en los últimos trámites para su aprobación definitiva que agilicen todo el proceso, a fin de que las personas tengan una valoración adecuada de su discapacidad, que les permita acceder a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad.

Este documento incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote. Además, su implantación reduciría las desigualdades a nivel territorial.