Además, la letrada de la administración de Justicia, en la diligencia de ordenación, contra la que cabe presentar recurso de reposición, requiere al Estado para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada de los bienes.

Respecto a la petición de la parte demandada de que se declare no existente, a todos los efectos, el inventario sobre los bienes del pazo, así como de que se prohíba su divulgación, el juzgado otorga a las partes un plazo de diez días para indicar si están conformes con esta solicitud o presenten alegaciones.

El pasado lunes, los herederos del dictador presentaron un escrito en el juzgado en el que pedían permiso para poder sacar del pazo de Meirás todos los bienes que hay en su interior. Los Franco solicitan que se les conceda un plazo de un mes para hacer la mudanza, que es el tiempo que calculan que les llevará retirar todo el mobiliario.

Los nietos de Franco quieren retirar todos los bienes que hay en el pazo, incluidos los que están catalogados como bienes de interés cultural (BIC), como es el caso de las dos estatuas del maestro Mateo, o los que están en proceso de declaración, como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, sobre la que la Xunta ha abierto un expediente para hacerla BIC, lo que automáticamente le otorga protección.

La familia del dictador tuvo que abandonar el pazo de Meirás el pasado 10 de diciembre del 2020, día en el que se formalizó la ejecución provisional de la sentencia que le quitó la propiedad a los herederos del dictador.

La pasada semana, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó un auto anulando las medidas cautelares del juzgado de instancia por las cuales se les prohibía sacar cualquier objeto del pazo. Ese auto también revocó la medida por la cual se ordenó la confección de un inventario de todos los bienes existentes en el interior.

Por eso ahora la familia pide que se elimine de las actuaciones judiciales el inventario elaborado por técnicos de la Xunta y del Estado y que se ordene a las partes personadas en el proceso (Estado, Xunta, Diputación de A Coruña y ayuntamientos de Sada y de A Coruña) que se abstengan de utilizar o hacer público su contenido.