Su demanda es que analicen toda aquella información divulgada por las compañías en esta materia, incluidos aquellos desgloses que comparten de forma voluntaria, según explicó durante la presentación del informe de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) ‘El rol de las finanzas en una economía sostenible’.

Durante su intervención expuso que el desarrollo de las finanzas sostenibles “es una tendencia imparable” porque se necesitan “elevados volúmenes” para transformar el modelo económico y cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Y reconoció que se está desarrollando “a una gran velocidad” y con “una demanda creciente de productos sostenibles”, poniendo como ejemplo que las emisiones de bonos verdes se duplicaron en Europa el pasado año y por cuatro en España, y se estima además que en nuestro país los activos gestionados sostenibles alcanzan ya casi los 285.000 millones de euros.

Sin embargo, precisó que los volúmenes totales aún “están muy alejados” de las cifras que se estiman necesarias para financiar la transición, y para favorecer su desarrollo juzgó clave mejorar la difusión de la información sobre sostenibilidad de las empresas, ya que “en los mercados y en las inversiones, la confianza lo es todo”.

“Para reforzar esta confianza necesitamos contar con información fiable”, expuso, animando a las empresas a que “presten atención adecuada y refuercen los Consejos de Administración en los temas de sostenibilidad y riesgos medioambientales”.

Si bien admitió que “las empresas están haciendo un esfuerzo significativo por mejorar la información climática, medioambiental y social que publican”, estimó que “queda mucho por mejorar”, abogando precisamente entre los retos pendientes por que las firmas verificadoras vayan con su análisis más allá de lo que la ley impone.

“Esta función es clave, pues que un tercero revise la información otorga una mayor seguridad sobre la calidad de la misma y ofrece, asimismo, una defensa adicional contra los riesgos de ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico”, expuso, alertando sobre el grado de concentración de estos trabajos, ya que en España “aproximadamente el 80% de los estados de información no financiera fueron verificados o auditados por una de las cuatro principales firmas de auditoría” en alusión a PwC, KPMG, EY y Deloitte.

La vicepresidenta de la CNMV señaló que la ley “no detalla los requisitos que tienen que cumplir los verificadores independientes, ni tampoco el grado de revisión que deben llevar a cabo”. Una circunstancia que provoca que “la mayor parte de los verificadores se limitan a revisar únicamente la información requerida por la ley”, sin analizar los desgloses adicionales que las empresas publiquen voluntariamente.

“Si queremos que la información que se reporta sea fiable, la revisión que hagan los verificadores debería alcanzar a todo el contenido de la información no financiera que publiquen las empresas”, abundó.

Para obtener una información más confiable para el mercado o de mayor calidad abogó además por reclamar, como impone una nueva directiva europea, el llamado doble análisis de materialidad y que consiste en exigir a las empresas explicar cómo su actividad incide en el clima y en la sociedad desde la óptica medioambiental y social y no solo como la sociedad y dicho clima le afecta a su negocio.

Además, apuntó que se necesita contar con unos estándares de reporte “que sean homogéneos, para que todas las empresas utilicen las mismas referencias y podamos comparar” y que se adopten a escala internacional, algo en lo que indicó que trabaja la organización mundial de comisiones de valores IOSCO.

Otra clave para que la información sostenible mejore es, a su juicio, elevar el número de empresas que la reportan, ya que, a mayor censo, “mejor información y más opciones de inversión”. Se trata, según reconoció, de una situación en marcha, ya que la nueva directiva propuesta en Europa eliminará el umbral mínimo de 500 empleados y solo con eso se elevará desde unas 11.000 a 49.000 las empresas obligadas a divulgar esta información.

A escala doméstica precisó, sin embargo, que tendrá poco efecto ya que en España se exige su publicación a empresas con más de 250 empleados desde principios de año y hay “alrededor de unas 4.700 empresas con más de 250 empleados que deben valorar si les aplica la obligación de publicar este informe”.