Así lo indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al responder a una pregunta del senador del PP Carlos Floriano “sobre el motivo por el que el Gobierno incumple su propio calendario de ayudas a las comunidades autónomas para empresas y autónomos”.

En su intervención, Montero afeó a Floriano su pregunta, al señalar que desde la aprobación del convenio hasta que se envió a todas las comunidades sólo pasaron dos días, y que, además, previamente se les había enviado un borrador para que pudieran sugerir modificaciones.

“La pregunta es absolutamente retórica y probablemente la tenía usted preparada por si no cumplíamos con los plazos”, afirmó la ministra, que recordó que, además, el Congreso de los Diputados decidió tramitar el real decreto que crea este fondo de ayudas como proyecto de ley, por lo que Hacienda ha procedido a firmar los convenios pese a que la norma está aún en tramitación en la Cámara Baja.

Este fondo de 7.000 millones en ayudas directas para pagar costes fijos, que estará gestionado por las comunidades autónomas, fue aprobado dentro de un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en el que figuraban otro fondo de 3.000 millones para recapitalización de deuda avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otro de 1.000 millones para recapitalizar compañías, bajo gestión de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides).

Si bien el decreto aprobado atribuye a las autonomías la responsabilidad de su reparto, éstas están obligadas a informar al Ministerio de Hacienda del estado de ejecución en el primer trimestre del 2022 y reintegrarle los fondos no distribuidos, por lo que, para su puesta en marcha, Hacienda y las regiones deben suscribir un convenio.

El convenio establece la información que las comunidades deberán incorporar a los formularios de solicitud de las ayudas, con el objetivo de facilitar el suministro por parte de la Agencia Tributaria de la información de que disponga y para que la comunidad o ciudad autónoma pueda obtener del solicitante o de otras administraciones tributarias la restante información necesaria para gestionarlas cuando la Agencia Tributaria no disponga de ella.

Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla dentro de los diez días siguientes a la fecha en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada una de ellas.

De este fondo de 7.000 millones, 2.000 millones se asignarán a Baleares y Canarias, dado el mayor impacto de la crisis ocasionada por la Covid-19 en sus economías, y 5.000 millones se distribuirán entre el resto de autonomías conforme a los criterios aplicados para repartir el fondo React-UE.

En concreto, la posterior orden ministerial aprobada por el Ejecutivo para el reparto de estos 7.000 millones entre las comunidades estableció que Canarias y Andalucía, con 1.144,2 y 1.109,2 millones de euros, respectivamente, son las comunidades autónomas que recibirán un mayor volumen de recursos.

Por detrás de Canarias y Andalucía, Cataluña recibirá 993,2 millones de euros; Baleares, 855,7 millones; Madrid, 679,2 millones; y Comunidad Valenciana, 647 millones de euros. Castilla y León, País Vasco y Castilla-La Mancha aparecen a continuación, con 231, 217 y 206 millones de euros, respectivamente.