Así lo indicó este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en las jornadas ‘Crisis y recuperación económica’, organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). En concreto, la ministra indicó que por el momento, las comunidades de Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias ya han firmado el convenio -que les fue enviado por Hacienda el 16 de marzo-, requisito indispensable para iniciar el procedimiento de asignación de estas ayudas.

Este fondo de 7.000 millones en ayudas directas para pagar costes fijos, que estará gestionado por las comunidades autónomas, fue aprobado dentro de un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en el que figuraban otro fondo de 3.000 millones para recapitalización de deuda avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otro de 1.000 millones para recapitalizar compañías, bajo gestión de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides).
Si bien el decreto aprobado atribuye a las autonomías la responsabilidad de su reparto, éstas están obligadas a informar al Ministerio de Hacienda del estado de ejecución en el primer trimestre del 2022 y reintegrarle los fondos no distribuidos, por lo que, para su puesta en marcha, Hacienda y las regiones deben suscribir un convenio.

INFORMACIÓN REQUERIDA
El convenio establece la información que las comunidades deberán incorporar los formularios de solicitud de las ayudas, con el objetivo de facilitar el suministro por parte de la Agencia Tributaria de la información de que disponga y para que la comunidad o ciudad autónoma pueda obtener del solicitante o de otras administraciones tributarias la restante información necesaria para gestionarlas cuando la Agencia Tributaria no disponga de ella.
Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla dentro de los diez días siguientes a la fecha en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada una de ellas.
Por su parte, la comunidad o ciudad autónoma proporcionará semanalmente a la Agencia Tributaria un fichero que contenga la información requerida, para lo que se habilitará un trámite en la sede de la Agencia Tributaria, a través del cual cada autonomía formalizará, cada lunes, el envío de la solicitud de información, adjuntando a la presentación un fichero con la relación de solicitudes de ayudas recibidas durante la semana anterior.
Asimismo, la Agencia Tributaria remitirá a la autonomía, preferentemente a través de la Delegación Especial correspondiente, un archivo con la información disponible dentro del plazo de los siete días siguientes a la recepción del fichero.
Por otro lado, las autonomías remitirán mensualmente al Ministerio de Hacienda una relación con información de las resoluciones de las ayudas concedidas y de las convocatorias de ayudas que se produzcan en desarrollo de dicha disposición. También remitirán información sobre las fechas e importes de los pagos o transferencias a los beneficiarios y los eventuales reintegros que se produzcan, con identificación del beneficiario y su naturaleza.
Estas ayudas directas se destinarán a sufragar costes fijos como pueden ser los relativos a facturas energéticas o alquileres, así como la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros. Podrán acogerse a esta línea empresas y autónomos cuyos ingresos anuales hayan caído más de un 30% respecto a 2019 y que se enmarquen en el listado de 95 actividades económicas definido por el Gobierno tomando de referencia la afectación en sus plantillas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Sobre esta cuestión, la semana pasada el Consejo de Ministros estableció que las comunidades puedan incorporar más sectores a los contemplados inicialmente, en aquellos casos en los que se trate de actividades económicas de especial relevancia en dicho territorio y que haya tenido un gran impacto negativo por la pandemia.
El Gobierno estableció inicialmente que no podrán recibir estas ayudas aquellas empresas o autónomos que tuviesen pérdidas antes de la crisis, es decir, que en el IRPF de 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por sus actividades económicas o la base imponible de Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes haya resultado negativa, aunque la pasada semana el Consejo de Ministros aprobó también a posibilidad de realizar excepciones ante este requisito.
El importe máximo que podrían costear con cargo a este fondo será de 3.000 euros para autónomos en el régimen de estimación objetiva en el IRPF y para el resto oscilará entre 4.000 y 200.000 euros. La concesión de estas ayudas terminará el 31 de diciembre de 2021.
REPARTO
De este fondo de 7.000 millones, 2.000 millones se asignarán a Baleares y Canarias, dado el mayor impacto de la crisis ocasionada por la Covid-19 en sus economías, y 5.000 millones se distribuirán entre el resto de autonomías conforme a los criterios aplicados para repartir el fondo React-UE.
En concreto, la posterior orden ministerial aprobada por el Ejecutivo para el reparto de estos 7.000 millones entre las comunidades estableció que Canarias y Andalucía, con 1.144,2 y 1.109,2 millones de euros, respectivamente, son las comunidades autónomas que recibirán un mayor volumen de recursos.
Por detrás de Canarias y Andalucía, Cataluña recibirá 993,2 millones de euros; Baleares, 855,7 millones; Madrid, 679,2 millones; y Comunidad Valenciana, 647 millones de euros. Castilla y León, País Vasco y Castilla-La Mancha aparecen a continuación, con 231, 217 y 206 millones de euros, respectivamente.