Según se informó desde el Juzgado, se estima “que no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho”.

Así, una vez tramitada la medida cautelar por parte del Juzgado de diligencias, será el Juzgado de Instrucción número 53, órgano que conoce de la causa, el que continúe el procedimiento instado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de odio por la colocación de ese cartel electoral en la estación de Sol, en Madrid, en el que se contrapone la pensión mínima de muchos jubilados con el supuesto coste de manutención de esos menores.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó la denuncia por entender que podría ser constitutivo de un “delito de odio” y reclamaba la retirada del cartel porque así “la dignidad y la seguridad de un colectivo tan vulnerable como son los menores no nacionales quedaría protegida", y ello sin vulnerar el derecho de Vox a realizar propaganda electoral, dado que el espacio de ese cartel podría ser ocupado por otro de la formación.

La Fiscalía pedía esa medida cautelar porque esos menores "carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional”, lo que los convierte en un colectivo “doblemente vulnerable”, tanto por la edad como por el desarraigo estructural con causa en su origen extranjero, “lo que no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”.