En un comunicado, la compañía aseguró que “Plus Ultra Líneas Aéreas ha sido totalmente transparente con los datos, procesos y requerimientos de la SEPI para acceder a la ayuda temporal que se le ha concedido” y que “el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -AESA- , todas ellas entidades independientes de la SEPI y de Plus Ultra Líneas Aéreas, dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas públicas”.

Asimismo, añade que su petición de la ayuda de la SEPI “contó, además, con la consultora PwC para elaborar el ‘Corporate Review’ en el que se comprobaba si todos los puntos requeridos por la SEPI quedaban cumplimentados en el plan presentado por la aerolínea”.

Por ello, asegura que “estamos absolutamente tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de los requerimientos establecidos por la SEPI en todos y cada uno de los puntos de tales requerimientos” y garantiza que “Plus Ultra Líneas Aéreas colaborará plenamente con el Juzgado en las diligencias abiertas con el objetivo de que se clarifiquen todos los puntos que se consideren necesarios y con el convencimiento de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía en la tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero”.

El pasado 9 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la inyección de 120 millones en Duro Felguera y de 53 millones en Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la SEPI para ayudar a empresas estratégicas en dificultades por la crisis de la Covid-19. En el caso de Plus Ultra, la ayuda consiste en 34 millones en préstamos participativos y 19 millones ordinarios, disponiendo de siete años para su devolución.

Desde la aprobación de esta ayuda, diversos grupos de la oposición, como PP y Ciudadanos, la han criticado al considerar que la compañía no es estratégica ni solvente, requisitos establecidos para acceder al fondo de la SEPI.