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Junts pide en el Congreso excluir de los fondos europeos a las grandes empresas que demoren pagos a proveedores

MADRID
SERVIMEDIA

Junts per Catalunya ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que defiende excluir del acceso a los fondos europeos de reconstrucción a aquellas grandes empresas cuyo plazo de pago a pymes y autónomos supere los 60 días.

Junts señala en la iniciativa que según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las grandes empresas deben alrededor de 80.000 millones de euros a las PYMES, de los cuales 56.000 millones, de acuerdo con un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, corresponden a deudas de empresas no financieras con sus proveedores.

Se trata de cantidades correspondientes al volumen de deuda que sobrepasa el límite legal de 60 días, que incumplen la directiva europea 2011/7/UE contra la morosidad que regula los plazos de pago.

En el año 2020, el plazo medio de pago de estas empresas ha sido de 193 días, triplicando así el plazo legal de 60 días.

“Esto es posible debido a la no aprobación del régimen sancionador de la ley de morosidad, que sigue estancado en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados”, señala la formación nacionalista, que añade que estas circunstancias podrían provocar que corporaciones que están contraviniendo la normativa vigente obtengan ayudas europeas, dejando fuera a otras empresas que sufren las devastadoras consecuencias de la morosidad.

“MISMA REGLA”

A su vez, advierte Junts, puede darse la situación de que empresas beneficiarias de fondos europeos y de créditos preferenciales contraten a pequeñas y medianas empresas a las que seguirán pagando fuera de los plazos establecidos por la ley. Cualquier autónomo o pequeño empresario que opta a una ayuda pública tiene que presentar una declaración que confirme que está al corriente con sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

“Resulta inconcebible que no se aplique la misma regla a las grandes empresas, y que se pueda llegar a recompensar mediante la adjudicación de fondos europeos, es decir de ayudas públicas, a empresas que mantienen unos niveles de morosidad ilegales con sus proveedores, pymes y autónomos que se han visto perjudicados doblemente durante la actual crisis, por el descenso en la actividad económica y por la desidia de las autoridades en la concesión de ayudas directas que pudieran compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia”, agrega la proposición a la que ha tenido acceso Servimedia.

(SERVIMEDIA)
17 Abr 2021
JRN/nbc