En su opinión, “esta ley es el marco de protección de la infancia más ambicioso de la Unión Europea y posiblemente del mundo”, por delante incluso de la estrategia nacional de Noruega. "Primero, por su carácter integral", explicó, ya que "abarca a la familia y a la escuela, pero también a centros deportivos y de ocio y a todos los espacios donde están los niños".

En segundo lugar, Conde destacó su enfoque de "prevención y de protección, que va mucho más allá de perseguir al agresor".

"España puede convertirse en el país número uno del mundo en protección de los niños y niñas", resaltó el pianista británico James Rodhes, que sufrió violencia sexual y es uno de los promotores de la iniciativa. "Nos ha costado más de 12 años llegar hasta aquí, y aún tendremos que trabajar un poquito más", señaló en referencia al trámite que la ley deberá afrontar en el Senado.

Conde y Rodhes insistieron en la necesidad de que la tramitación continúe mediante el procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos a la mitad. De ser así, podría ser publicada en el BOE en junio. "¡Sería tan emocionante!", señaló Rodhes, que espera poder "celebrarlo pronto".

CONSENSO

El pianista se felicitó por el amplio consenso con que el proyecto de ley contó en su primera votación en la Comisión del Congreso. “Creo que es el único asunto en que PSOE y PP están de acuerdo”, bromeó, y “eso demuestra que no es política, sino algo mucho más importante”. Por ello, llamó a todos los grupos a respaldar el proyecto de ley y a tramitarlo con celeridad. "Piensen en sus hijos e hijas", les aconsejó.

A su paso por la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, el proyecto de Ley obtuvo un amplio respaldo de los grupos parlamentarios. PSOE, Unidas-Podemos, PP, Más País y Ciudadanos lo apoyaron; ERC y EH Bildu se abstuvieron, y solo PNV y Vox votaron en contra.

Los grupos nacionalistas critican que la futura Ley “invade las competencias de las comunidades autónomas”, idea que rechazó la directora de Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

“Es una ley orgánica que regula derechos fundamentales y, por tanto, debe ser estatal", declaró. A su juicio, “concede un papel muy importante a las comunidades autónomas” y, de hecho, ”los grupos nacionalistas han participado en su elaboración y comparten su espíritu”.

AVANCES

Según conde, “existen cinco razones que explican la necesidad de una ley como ésta”, en la que “la sociedad civil y hasta tres gobiernos distintos llevan tantos años trabajando". “La primera es que la violencia contra la infancia es invisible, pues apenas existen registros" y, por tanto, "resulta impune en la gran mayoría de los casos”.

Conde estimó que el 42% de los delitos contra la libertad sexual en España tienen como víctima a un menor de edad (sobre todo mujer), y ello "pese a las pocas denuncias que se presentan". Con todo, “es una violencia de alta prevalencia", continuó, y que además disfruta de “tolerancia social”. “Si un hombre le levanta la mano a una mujer y lo vemos, a todos se nos revuelve el estómago”, reflexionó, pero “no pasa lo mismo con los niños y niñas”.

La última razón esgrimida por Conde tiene que ver "con las terribles consecuencias de la violencia en los niños", y de ahí la importancia de algunos hitos que contiene esta Ley, como la creación de un registro único de delitos contra la infancia; la ampliación a los 30 años de la edad a partir de la cual se empieza a computar el plazo de prescripción de los delitos más graves; el establecimiento del deber de denuncia; el reconocimiento del derecho de los niños a participar en los procesos judiciales que les afectan "sin entrar a valorar su madurez"; la posibilidad de que los testimonios de las víctimas menores de 14 años sirvan como prueba preconstituida (para que no tengan que ser repetidos tantas veces), y la obligación de especialización de los juzgados de infancia y de la fiscalía.

En cuanto a las posibles mejoras, Catalina Perazzo destacó varias enmiendas que aún pueden incluirse en la votación de mañana o bien cuando el proyecto de ley se debata en el Senado.

Entre ellas, citó una mejor definición de qué se considera violencia, que a su juicio debe ser acorde a la Convención de los Derechos del Niño; una mejor definición de qué son los entornos seguros y cuáles son los requisitos para considerarlos como tales; la eliminación del reconocimiento como agentes de la autoridad a los trabajadores de los servicios sociales, puesto que "desequilibra la relación entre administraciones, familias y niños, sobre todo en procesos administrativos donde se decide sobre el futuro de los menores"; la ampliación de la prueba preconstituida hasta los 16 años obligatoria, y una necesaria valoración por parte del juez del interés superior del menor para los casos entre los 16 y los 18 años.

Además, reclamó que tras la entrada definitiva en vigor de esta Ley se lleve a cabo el desarrollo legislativo posterior para la especialización del sistema judicial.