La iniciativa, recogida por Servimedia y que tendrá que ser debatida y votada en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja, apunta que esa eliminación de la prohibición de cazar y pescar afectaría a los parques nacionales "donde esta actividad haya sido tradicional y no perjudique al espacio protegido (Cabañeros, Monfragüe, Picos de Europa, Sierra de Guadarrama, entre otros)".

Además, Vox indica que esa actividad debería realizarse "siempre que se justifique debidamente la necesidad de continuar practicándola". Para ello, el Gobierno tendría que modificar la Ley de Parques Nacionales, de 2014.

La caza deportiva y comercial está prohibida desde el pasado 5 de diciembre en las fincas privadas de los parques nacionales de España, puesto que es la fecha establecida en la última reforma de la Ley de Parques Nacionales, que fija un periodo transitorio de adaptación de seis años para que estos espacios se adecuen a las prohibiciones recogidas en la norma, en vigor desde el 5 de diciembre de 2014.

La norma indica que las actividades prohibidas en estos espacios prohibidos no se ciñen exclusivamente a la caza deportiva y comercial, sino que también se incluyen la pesca deportiva y recreativa; la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Poco antes de la aprobación de la ley, desde el Gobierno destacaron a finales de 2014 que promovería acuerdos voluntarios con los propietarios de fincas privadas en los parques nacionales para que no puedan cazar, pescar o talar, y calcularon que el coste de las indemnizaciones que la Administración tendría que desembolsar para que los dueños pierdan estos derechos podría superar los 300 millones de euros.

La caza deportiva y comercial fue objeto de supresión ya en la década de 1980 en terrenos incluidos en los parques nacionales existentes entonces, como en el caso del de Doñana, por resolución de la dirección del extinto Icona, según la legislación estatal del momento. Desde aquella época se ha mantenido en la normativa, y consolidado progresivamente como directriz básica para la gestión de los parques nacionales, el criterio de la incompatibilidad de la práctica cinegética deportiva y comercial con la figura de esos espacios protegidos.

ACUERDOS VOLUNTARIOS

Cuando se prohibió la caza y la pesca en parques nacionales, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) aún estaba requiriendo a los propietarios y titulares de derechos afectados por la Ley de Parques Nacionales "toda la documentación acreditativa de su titularidad a los efectos de alcanzar acuerdos voluntarios" para evitar tener que acudir a procedimientos de expropiación forzosa de los bienes y derechos, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La participación de los propietarios aportando la documentación requerida es necesaria para la adecuación a cada caso de los criterios técnicos elaborados por la Administración en que se deben basar los acuerdos voluntarios. "Sin embargo, se han recibido escasas respuestas de los propietarios hasta la fecha", añadieron fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera.

Desde la creación del OAPN y hasta el pasado 5 de diciembre se formalizaron 36 acuerdos voluntarios en parques nacionales, sobre una superficie de 104.043,64 hectáreas. Y quedaba pendiente una superficie estimada de 97.902 hectáreas. "La gran mayoría de los acuerdos se han suscrito con Ayuntamientos, por su mayor implicación y concienciación con estos espacios protegidos", subrayan desde Transición Ecológica.

Las indemnizaciones se calculan caso a caso para cada finca sobre la base de los criterios técnicos elaborados por la Administración y los datos concretos de cada finca que aportan los propietarios.

El 87% del territorio español está declarado como de aprovechamiento cinegético, lo que supone 43,9 millones de hectáreas. La superficie de los parques nacionales aún sin acuerdos voluntarios afectada por la prohibición de cazar representa apenas un 0,2% de la superficie cinegética en España.

Desde el 5 de diciembre de 2020, por motivos de gestión y de acuerdo al mejor conocimiento científico, la administración gestora de cada parque nacional podrá programar y organizar actividades de control de poblaciones conforme con los objetivos y determinaciones del Plan Director y del Plan Rector de Uso y Gestión.