Ésta es una de las novedades recogidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados, y que inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Senado, que dará luz verde definitiva a la norma si no incluye ninguna modificación.

El texto aprobado por la Cámara Baja, al que tuvo acceso Servimedia, incluye varios aspectos novedosos en relación a la norma remitida por el Consejo de Ministros al Congreso, tras la aprobación de 18 enmiendas transaccionales y otras tres parciales.

Uno de ellos es una enmienda promovida por el PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, según la cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, junto con el del Interior incorporarán en el catálogo oficial de señales de circulación una nueva señalética para que los usuarios puedan identificar la ubicación y principales características de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en las vías.

"Ambos departamentos y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acordarán el contenido e imagen de dichas señales. Para el diseño y la ubicación de los puntos de recarga se tendrán en cuenta criterios de accesibilidad universal", indica el texto.

La norma obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 10% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida de potencia igual o superior a 150 kW para favorecer la expansión del vehículo eléctrico. Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos -o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo- deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua con el fin de que la recarga del vehículo sea rápida.

Según los partidos que sustentan al Gobierno de coalición, la ley prevé disponer de la información de los puntos de recarga digitalmente a través del Geoportal, pero actualmente no está publicada ni la imagen ni el contenido mínimo que debe figurar en la señalización vertical de las carreteras para que los conductores puedan conocer la distancia al próximo punto de recarga, así como otro tipo de información de interés, como la potencia disponible.

MOVILIDAD Y CALIDAD DEL AIRE

Por otro lado, el texto aprobado por el Congreso mantiene 2040 como fecha tope a partir de la cual sólo podrán venderse coches y vehículos comerciales ligeros nuevos -salvo los matriculados como vehículos históricos- libres de CO2 (concretamente, con cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido), de manera que antes de ese año irá reduciéndose la venta de vehículos contaminantes. Además, todas las administraciones públicas deberán adoptar medidas para que en 2050 haya un parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

La ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones como muy tarde en 2023, esto es, áreas con restricción de la circulación de vehículos contaminantes y de impulso del transporte público y los desplazamientos a pie, en bicicleta o por medios de transporte eléctrico.

Una novedad surgida del Congreso es que esas localidades de más de 50.000 residentes establezcan criterios para mejora la calidad del aire “alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad”.

En el último momento se aprobó una enmienda transaccional del PNV que rechaza que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emita un informe si algún ayuntamiento decide revertir su zona de bajas emisiones (como intentó el actual equipo dirigido por José Luis Martínez-Almeida con Madrid Central), sino que ese documento lo emita solamente el “órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente”.