En entrevista con Servimedia instó a abrir un diálogo con el sector privado para ver cómo se introducen viviendas en el mercado “susceptibles de ser compradas o alquiladas por las partes más deterioradas de la economía”. Subrayó que “no puede ser a cargo de los bancos y no puede ser a cargo de la ocupación” sino que “tiene que ser de una manera donde, con relación a la economía, al empleo y a nivel de salario que tienen las personas, se pueda comprar o alquilar de una manera ordenada”.
“Llevamos 40 años legislando sobre la vivienda de los ciudadanos porque, mientras tanto, no sabemos el sector público donde están en el mundo de la vivienda. Está interviniendo en el patrimonio de los grandes titulares, en el de la banca… Bueno, estamos esperando ver cuándo dan un paso adelante y el Estado, de una manera decidida, colabora para que haya oferta, y digo colabora, aunque sería el principal responsable de la vivienda social”, lamentó.
En tono de denuncia insistió en que facilitar el acceso a la vivienda “no es una responsabilidad de los bancos” y, por lo vivido en los últimos años, “al final, tenemos siempre un estado coercitivo atacando la propiedad privada” para dar techo a los más vulnerables invocando el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución, que es “para los poderes públicos, es para el Estado, no para el patrimonio ni para el balance de los bancos”.
“Si el mercado de la vivienda lo tenemos que arreglar con la participación pública de la propiedad, pues estaríamos todos viviendo bajo los puentes”, apostilló con ironía, a la vez que conminó a abandonar estrategias de “ordeno y mando” y sentarse a buscar soluciones donde “cada uno, con su porcentaje de responsabilidad, actúe en el mercado”.
Si bien reconoció que la solución es “muy compleja” y requeriría tocar muchas teclas, se mostró confiado en que “con estos fondos que vengan de Europa haya proyectos de edificación en relación a jóvenes” o para vivienda social de cualquier persona, sea o no joven, con recursos muy limitados.
Entre las fórmulas abogó por movilizar y ceder derechos de superficie para construir viviendas “más baratas”. “El Estado es dueño de montones de suelos, pero, claro, que luego vemos que sale en subastas públicas y que también es el propio Estado el que va a la especulación del suelo”, denunció, emplazando a movilizarlos para edificaciones sociales o más económicas. “Si yo soy empresario privado y tú eres Estado y tienes un suelo, cede el derecho de superficie a 100 años y yo haga unas casas que son más baratas en la medida en que el suelo no cobra, ya cobrarás luego con los impuestos”, abundó.
En paralelo, demandó “que haya algún tipo de motivación fiscal para que haya determinado tipo de actuaciones que se puedan llevar a cabo y la intervención también directa de la administración de su propio patrimonio”, potenciando servicios como los existentes del IVIMA y otras corporaciones con patrimonio público.

PARQUE PÚBLICO
No obstante, reconoció que esta oferta pública siempre sería limitada porque “tampoco se pueden hacer viviendas a troche y moche, porque eso supone endeudamiento y tenemos el Estado que tenemos: el déficit que nos sale por las orejas”, con lo que el despliegue más ambicioso debería descansar en la colaboración público-privada.
En el lado de la compra y para facilitar el acceso de jóvenes o colectivos con ingresos más bajos a su propia casa refirió que la clave es conseguir que “tengan la suficiente capacidad económica como para que el conjunto de la operación sea razonable y solvente para que luego no vayamos a decir que es que la banca endeuda”.
Entre otras fórmulas señaló que desde el propio sector financiero “ha surgido pensar en un aval o, incluso, en aportaciones a fondo perdido de la administración” para garantizar la solvencia del deudor, ya que “un crédito tiene que ser responsable y no se puede dar de cualquier manera”.
“Se miran cosas que funcionan en Europa. En una hay una estrategia que es el ‘Help to buy’ del gobierno británico, y hay cosas, incluso, donde el gobierno participa en una parte de la propiedad o que tiene una financiación complementaria”, detalló. Precisamente el programa británico es el que defendió el Santander para facilitar el acceso a la compra a los jóvenes, ya que permite financiar con un aval parcial del Estado, y se emplazó a que lo surtiese el ICO.

AYUDAS SOCIALES
Desde la óptica del alquiler, indicó que podrían promoverse también construcciones específicas teniendo claro que debe acometerse con una planificación muy estudiada sobre los inmuebles que se pueden ofertar a bajas rentas y donde lo crítico es garantizar el pago de la mensualidad. “Tú no le puedes decir a un empresario que arriesgue su dinero, que se meta en una operación por un salario protegido y que luego, ¡amigo ahí te quedas! y no se paga, no se cobra, no se puede echar y te quedas con el problema de la vivienda ahí metido”, avisó.
“Volveríamos a las andadas: tratando de solucionar un problema de lesa sociedad, que hay gente que no tiene un sitio donde vivir, y aprovecharíamos para endiñarle el problema a un actor privado”, alertó. “Entonces, cuando se produzcan situaciones de ese tipo, pues habrá que ver la Administración, cómo responde en torno a la morosidad”.
Entre las soluciones a esta eventualidad apuntó un potencial “complemento” en los alquileres “o que se vaya generando, en paralelo, un bote de viviendas sociales donde la administración pueda tener sitios para la gente que salga despedida del mercado de la vivienda normal o regulado porque el artículo 47, efectivamente, no nos podemos olvidar de él”.
Para el presidente de la AHE, la conclusión a esta problemática es que en el mundo de la vivienda “la administración tiene mucho que hacer”, pero, sobre todo, “tiene que hacer una cosa y es ayudar a que la gente cumpla sus compromisos porque, si ayuda a generar sus compromisos de pago, seguramente que habrá muchísimo más capital privado que esté dispuesto a arriesgarlo en vivienda” y en oferta social.