Según Iceta, el acuerdo es un “paso firme” hacia “un futuro que ya está aquí” y que es “fruto del diálogo y el entendimiento con las organizaciones sindicales”. Entre los puntos acordados con las organizaciones de trabajadores, el pacto recoge que el teletrabajo será “voluntario, reversible y con los mismos derechos” que la modalidad presencial.

Asimismo, el Gobierno se compromete con este acuerdo a asegurarse de que la AGE proporciona un equipo informático con tarjeta de datos, aplicaciones y herramientas ofimáticas a los funcionarios que teletrabajen; y promete que el uso de esta nueva modalidad laboral estará supeditado a que se garantice la prestación de los servicios. En este sentido, el documento prevé que el teletrabajo se aplicará a los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por esta modalidad.

“Con el diálogo, avanzamos en la búsqueda de las soluciones más adecuadas a las necesidades de los empleados públicos para una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía”, defendió Iceta, quien señaló que, con este acuerdo, España “impulsa su capacidad para converger con los países de su entorno en la necesaria implantación del teletrabajo en la AGE”.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Función Pública afirmó que la AGE aprovechará la transformación digital del sector público para avanzar en nuevas formas de prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía y volvió a tender la mano a los sindicatos “para seguir afrontando desde el encuentro otros grandes retos que tenemos por delante”.

El acuerdo, suscrito por CSIF, UGT, CCOO y CIG, pretende así “fomentar la presencia de la AGE en el territorio”, en especial en zonas de declive demográfico, “modernizar la organización del trabajo mediante la consecución de objetivos y la evaluación del rendimiento, contribuir a la sostenibilidad medioambiental, generalizar el uso de las nuevas tecnologías y reconocer como una modalidad más el teletrabajo”.

TRES DÍAS DE TELETRABAJO

El cómputo semanal acordado por el Gobierno y los sindicatos para esta modalidad laboral consistirá en dos días de trabajo presencial y tres de teletrabajo.

Por otro lado, el documento recoge que cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados a través de teletrabajo, y diseñará un plan de seguimiento y evaluación de estos empleados.

El Gobierno también se ha comprometido a garantizar la igualdad de derechos y deberes entre los trabajadores que trabajen de forma presencial y los que desarrollen su jornada laboral desde casa.

Por último, el acceso a la prestación de servicios mediante teletrabajo se realizará a través de convocatorias públicas de forma periódica o a través de gestión permanente de solicitudes en condiciones de igualdad. Los solicitantes deben encontrarse en servicio activo, y la selección podrá tener en cuenta criterios como discapacidad, salud, víctimas de terrorismo o violencia de género. La autorización requiere de informe previo del superior jerárquico.

REACCIONES

Desde CSIF han valorado de “forma positiva” el acuerdo porque consideran que supone “una mejora considerable en las condiciones laborales de la plantilla, garantiza la igualdad en el acceso, la objetividad de los criterios a aplicar y la transparencia en la gestión, la reducción del tiempo en desplazamientos, el ahorro energético y la mejora en la organización del trabajo”, entre otros aspectos.

Según este sindicato, que cuenta con la mayor representación en las administraciones públicas, este acuerdo puede afectar a 230.395 trabajadores “de forma potencial”.

Por su parte, desde CCOO señalaron que este acuerdo supone “un cambio fundamental” para los trabajadores de la AGE, aunque insisten en la “necesidad” de alcanzar “mayor concreción” en algunos elementos cuando se desarrolle el texto del real decreto.

“Nos hubiera gustado una regulación más parecida a la establecida con carácter general para los trabajadores, con un contenido más exhaustivo y detallado”, señaló el secretario general de CCOO en el sector de la AGE, José Manuel Vera. “Será importante avanzar en la compensación más allá de la dotación de medios tecnológicos, la prevención de riesgos laborales o en evitar la discriminación por razón de sexo”, prosiguió.