“Es una ley fundamental y largamente esperada, pero carece de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática declarada por abrumadora mayoría en el Parlamento y también por el Gobierno. Si en una situación de emergencia, esta ley es lo máximo a lo que aspiran tanto el Parlamento como el Gobierno, entonces este país tiene un grave problema, ya que no podrá cumplir con el Acuerdo de París”, apuntó Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace.

Según Greenpeace, el texto del proyecto de ley se ha “debilitado” en el Congreso al “dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte”, lo que consideró “inadmisible”, aunque admitió “algunas mejoras”, como la prohibición de la minería de uranio, la rehabilitación energética de edificios o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero.

Esta ONG tachó de “cesión inadmisible ante el lobby de los combustibles fósiles” que se permita el “uso indiscriminado de ‘combustibles alternativos’ en todo el sector transporte”. Este punto, que inicialmente pretendía dar una solución transitoria sólo al sector aéreo, extiende el uso de determinados combustibles también a la automoción, lo que, para Greenpeace, demora la electrificación del automóvil y reduce la disponibilidad de los combustibles alternativos. La ley tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial, según Greenpeace.

Por su parte, Ecologistas en Acción recalcó que el nuevo texto “no mejora el anterior” presentado por el Gobierno, presenta “objetivos insuficientes” y “no concreta medidas en sectores clave” para la descarbonización de la economía, esto es, dejar los combustibles fósiles bajo tierra.

Ecologistas en Acción indicó que el paso de la ley por el Congreso ha supuesto “una oportunidad perdida” para reducir los impactos climáticos. No obstante, destacó como aspectos positivos de la norma la prohibición de futuros proyectos de explotación de hidrocarburos o minerales radiactivos, el impulso de las comunidades energéticas, el establecimiento de objetivos de rehabilitación energética de edificios y la obligatoriedad de adoptar zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.

Por otro lado, OceanCare, asociación de defensa de los océanos y la vida marina, ofreció un punto de vista más positivo al destacar que el Congreso da “un paso decisivo” para acabar con la exploración y la explotación de hidrocarburos en toda España, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

“La ciudadanía y muchas instituciones han estado luchando en España contra la exploración de petróleo y gas durante muchos años. La decisión de hoy en el Congreso de los Diputados es un reconocimiento a la protesta de la sociedad civil que marca el principio del fin de la era de la energía fósil en España, así como un paso significativo para proteger el ecosistema marino. Es un gran día, por el que hemos estado trabajando y esperando largo tiempo”, apostilló Carlos Bravo, portavoz de OceanCare en España.