Se trata de las personas con trasplante o en lista de espera de trasplante de órgano sólido -pulmonar, renal, pancreático, cardíaco, hepático e intestinal-, las personas en tratamiento renal sustitutivo, personas con enfermedad oncohematológica, con cáncer de órgano sólido, con inmunodeficiencias primarias, con trasplante de progenitores hematopoyéticos o con VIH.

De esta manera se suman a las personas que ya habían sido priorizadas anteriormente, como las personas con discapacidad en situación de dependencia, las personas cuidadoras profesionales y asistentes personales.

El presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, hizo hincapié en la importancia del trabajo realizado junto a las entidades estatales y territoriales de la confederación “a través de una labor de incidencia permanente que ha contribuido a incluir en la estrategia a personas con discapacidad física y orgánica con un mayor riesgo de contagio, desarrollar una Covid-19 grave, ver agravada su condición o elevar su riesgo de mortalidad”.

Sin embargo, la organización invita al Gobierno a que incluya en esta Estrategia a otras enfermedades de mayor riesgo que se han quedado fuera como, por ejemplo, personas que no están trasplantadas pero con enfermedades que, en caso de contagio, tienen un mayor riesgo, como son los pacientes de enfermedades neurológicas, ELA, enfermedades metabólicas, fibrosis quística, enfermedades respiratorias, cardiopatías, personas con esclerosis múltiple, con enfermedades reumatológicas, artritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y coagulopatías.

Además, el presidente de Cocemfe reclamó “que se tengan en cuenta no sólo las condiciones de la persona, sino también su situación, es decir, el modo de vida que tiene la persona en cuestión y qué actividades tiene condicionadas por su discapacidad”.

Esta reclamación hace referencia, por ejemplo, a personas con mayor exposición al contagio debido a la frecuencia de visita a hospitales y centros sociosanitarios -donde hay mayores contagios-, o personas con necesidad de apoyo de terceras personas. También al entorno de cuidados no profesionales, incluyendo a madres y padres de menores con discapacidad y las personas con discapacidad física y orgánica que estén experimentando un agravamiento del estado de salud general durante la pandemia debido al aplazamiento y retraso en citas, pruebas médicas y diagnósticos y a la falta de tratamientos.

Por último, Cocemfe se puso a disposición del Ministerio de Sanidad para trabajar conjuntamente en la incorporación de estas personas y proporcionarles la información que precisen sobre los grupos más vulnerables ante la Covid-19.