Lo anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que este real decreto, auspiciado por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, tiene como objetivo “promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, según lo estipulado en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

De este modo, el Gobierno busca dar respuesta a las reclamaciones particulares de aquellas familias que han solicitado la exhumación de los restos de sus parientes, además de dar cumplimiento a los pronunciamientos de diferentes organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzosas e Involuntarias de la ONU, y de parlamentos autonómicos y entidades locales.

Desde 1959 fueron trasladados, desde fosas comunes, restos humanos pertenecientes a víctimas de la Guerra Civil para ser inhumados en las criptas del Valle de los Caídos. El Gobierno calcula que se depositaron restos de más de 33.000 personas, procedentes de todas las provincias de España, en columbarios individuales y colectivos ubicados en las ocho cavidades adyacentes al crucero y a las capillas de la Basílica.

Actualmente, estas criptas no son accesibles, ya que fueron tapiadas y permanecen cerradas desde el momento mismo de las inhumaciones.

Los análisis estructurales y los trabajos técnicos realizados entre 2017 y 2019, con el fin de conocer el estado del cerramiento y los interiores de las criptas, han permitido evaluar su estado. Así pues, se dispone de conocimiento sobre los posibles puntos de apertura de las criptas y de las condiciones necesarias para permitir el acceso a las mismas y los trabajos previos cuya ejecución resulta imprescindible para proceder a la retirada de los restos humanos que han sido reclamados.

El Gobierno subraya que las obras necesarias para permitir las exhumaciones no supondrán ninguna modificación urbanística, consistiendo únicamente en posibilitar el acceso al interior de las criptas y en la ejecución de los trabajos necesarios para “asegurar las condiciones de dignidad y respeto propio de un cementerio, la reparación y dignificación de los osarios, así como la seguridad y salud del personal que accederá a las mismas”.

Durante la ejecución de las tareas arquitectónicas intervendrán especialistas forenses o antropólogos, que determinarán la forma y los medios para proceder a la retirada de los restos "con las debidas garantías”.

Estos profesionales también se encargarán de supervisar las obras con los debidos criterios científicos y técnicos, con el fin de “dejar los osarios en las adecuadas condiciones de dignidad propias de un lugar de descanso de restos humanos".

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática será el órgano encargado de la dirección y coordinación de estos trabajos, mientras que a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, actualmente titular del conjunto del Valle de los Caídos y que está gobernada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, le corresponderá la ejecución de las obras.