La justicia madrileña da la razón así a la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), que impugnó este reglamento por considerar que incumplía la normativa y que resultaba “gravemente lesivo” para el tejido de taxistas de la región, formado en su gran mayoría por autónomos.

El presidente de la FPTM, Julio Sanz, se mostró satisfecho con la sentencia, al tiempo que manifestó el alivio del colectivo que, “en caso de haber seguido adelante esta norma, hubiese tenido que lidiar con la entrada de numerosas empresas en el sector, que hubiesen perjudicado a la totalidad de los autónomos que formamos el taxi”.

En este sentido, Sanz recordó que esta normativa fue la respuesta “rápida y chapucera” del Partido Popular a las protestas del sector ante la falta de regulación de las VTC. “El taxi no pedía otra cosa que no fuese una regulación para las VTC y poder trabajar en igualdad de condiciones. La solución del entonces presidente, Ángel Garrido, lejos de llevar a cabo ninguna regulación, fue perjudicar al sector del taxi”.

Además, lamentó que sean los ciudadanos de Madrid los que tengan que hacer frente a las costas derivadas de este procedimiento “que responde a los caprichos del Partido Popular pues, desde el primer momento se les advirtió la ilegalidad del acto administrativo de la primera a la última letra”, subrayó.

“La irresponsabilidad de este Gobierno ha hecho que el colectivo haya perdido dos años y que las medidas que ya estaban consensuadas por el sector se paralicen, obligándonos a esperar a que se forma un nuevo Gobierno para aprobar otra modificación de la normativa que nos permita ofrecer mejoras como el precio máximo cerrado, un deseo de los ciudadanos y también del sector”, zanjó.