Esta resolución, según indicó el Ministerio de Justicia en una nota, aumenta la cantidad y calidad de los intercambios de información entre los notarios y el Catastro de forma “segura y coordinada” y reduce los trámites administrativos a los ciudadanos.

Con el acuerdo busca incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario; incrementar la accesibilidad y la transparencia; remover barreras de acceso a la información inmobiliaria; reducir los costes; permitir la implicación de la ciudadanía en la actualización y rectificación de la descripción de sus inmuebles; así como simplificar el trámite administrativo.

Además, en la resolución se abordan temas como la necesidad de incorporar a los documentos notariales un Informe de Validación Gráfica de Alternativas del Catastro, que permite conocer anticipadamente si el levantamiento topográfico realizado por un técnico se puede incorporar o no a la cartografía catastral. También incorpora conceptos prácticos como la precisión de cartografía, margen de tolerancia, identidad gráfica de parcela o informe de ubicación de las construcciones.

Asimismo, se dan soluciones técnicas a los problemas derivados de las discrepancias geométricas, giros y desplazamientos cartográficos y se solventa la necesidad de la representación gráfica y la consiguiente certificación del solar de un edificio en división horizontal o el tratamiento de las representaciones gráficas alternativas en determinados puestos.

Este acuerdo se suma a la resolución firmada entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, de 23 de septiembre de 2020, por la que se aprobaron especificaciones técnicas complementarias para la representación de gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y otros requisitos para el intercambio de información entre ambas instituciones.