El PP anunció ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra dos modificaciones introducidas en este impuesto por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En concreto, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez restableció a través de las cuentas públicas la vigencia con carácter permanente e indefinida del Impuesto de Patrimonio, que desde 2012 venía prorrogándose año a año y tenía una vigencia temporal.

La otra modificación introducida por el Gobierno de coalición y recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional siguiendo las reclamaciones de varias organizaciones empresariales como la CEOE o la patronal catalana Foment del Treball, es la elevación del tipo impositivo aplicable a aquellos patrimonios superiores a los 10 millones de euros, pasando del 2,5% al 3,5%.

La formación que lidera Pablo Casado indicó, para defender la presentación del recurso de inconstitucionalidad, que, aunque el Gobierno argumenta que estos cambios buscan la consolidación de las finanzas públicas, “la realidad es que no tiene sentido que un impuesto en vías de extinción a nivel mundial se convierta en indefinido”.
Asimismo, el líder del PP, Pablo Casado, publicó un mensaje en Twitter en el que indicaba que “hoy presentamos un recurso ante el Tribunal Constitucional para eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio de los Presupuestos de Sánchez por vulnerar los artículos 31 y 134.7 de la Constitución. España es el único país de la UE que mantiene este impuesto injusto y arcaico”.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo, organismo al que las patronales empresariales también se habían dirigido para reclamar la inconstitucionalidad de los cambios introducidos en el impuesto, consideró también ayer plenamente constitucionales dichas modificaciones, por lo que descartó presentar un recurso de inconstitucionalidad que, a su juicio, no prosperaría.

El Impuesto de Patrimonio, creado inicialmente con carácter temporal en 1977, pasó a ser permanente en 1991, pero en 2008, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue suprimido al considerar que no alcanzaba de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado. Sin embargo, con la crisis económica que estalló en 2008, en 2011 el impuesto volvió a ser recuperado con carácter temporal para ese ejercicio y el siguiente.

Así, una vez que Rodríguez Zapatero fue relevado por Mariano Rajoy, los gobiernos de éste prorrogaron cada año, desde 2013 hasta 2019, la vigencia del Impuesto de Patrimonio, argumentando siempre, con distintas fórmulas retóricas, que su aplicación permitía sostener las cuentas públicas.

Por ejemplo, en su prórroga de cara a 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy señaló que ésta “permitirá contribuir al reforzamiento de los ingresos públicos”, mientras que en los Presupuestos de 2014 defendió su prórroga “al objeto de contribuir a la reducción del déficit público” y en las cuentas de 2015 argumentó su vigencia “con el fin de contribuir al mantenimiento de la senda de consolidación de las finanzas públicas”, mientras que en años posteriores adujo “necesidades presupuestarias”.