En un comunicado, reiteró su condena a este delito y recordó que “supone una vulneración flagrante de los derechos humanos de las víctimas”, y que además “nutre de enormes beneficios al crimen oorganizado”.

Entre otros muchos, “esta nueva esclavitud socava el derecho a la vida, a la libertad, a tener una infancia y adolescencia libre, a la seguridad personal, a la libertad sexual y a la integridad física”, destacó el PSOE.

Por ello reivindicó el cierre de los locales de alterne, pisos y burdeles y la posterior subasta de lo decomisado, para que la recaudación pueda invertirse en la inserción de las víctimas.

Además, abogó por ilegalizar las asociaciones de “empresarios” de locales de alterne”, que a su juicio cometen delito al amparar a las redes mafiosas y contribuir a la vulneración de los derechos humanos fundamentales”.

“De la misma forma que no pueden ser legales las asociaciones de criminales o de personas dedicadas a delinquir”, estas entidades deberían prohibirse, señaló el partido.

También exigió la realización de campañas pedagógicas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de la trata; insistió en la retirada de los anuncios de contactos, y recomendó poner en marcha medidas contra los clientes.

Por último, el PSOE exigió a las administraciones públicas facilitar la regularización de las víctimas de este delito, a fin de que “puedan optar a un empleo y a una vida digna” en España.