Esos grupos ecologistas mostraron este jueves en un comunicado conjunto su preocupación por el impacto sobre la biodiversidad de los grandes proyectos de energías renovables, tras identificar los pasos para avanzar en la descarbonización de la economía salvaguardando la naturaleza y asegurando una transición energética justa.

Las tres ONG indicaron que la crisis climática y la de biodiversidad son “dos caras de una misma moneda”, como reflejan los informes de los paneles intergubernamentales de Naciones Unidas sobre cambio climático y biodiversidad (IPCC e Ipbes, respectivamente).

Subrayaron que las tecnologías renovables son necesarias, pero recalaron que su “buen desarrollo, ordenado y respetuoso con la biodiversidad” requiere de “una planificación ambiciosa, criterios de priorización y procesos de evaluación ambiental rigurosos y garantistas”.

“Sin embargo, la implantación de estas energías se está produciendo actualmente sin una adecuada planificación territorial, lo que está llevando a que se consideren como adecuadas zonas de alto valor ecológico y paisajístico o superficies agrícolas y ganaderas de alto valor natural (áreas de secano, olivares centenarios, montes comunales, etc.), con el consiguiente riesgo de dañar la biodiversidad y acelerar el despoblamiento rural”, apuntaron.

REAL DECRETO

Para ello, reclamaron a los grupos políticos que introduzcan enmiendas al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para añadir la protección del patrimonio natural a los principios rectores de la norma y como consideración fundamental en sus objetivos, así como hacer una referencia explícita a evitar al máximo el impacto de las energías renovables en la biodiversidad.

De igual modo, recalcan que la ley debe mandatar al Gobierno a aprobar de forma urgente un real decreto que desarrolle los preceptos recogidos en la ley para concretar y dirigir la implantación de las energías renovables hacia zonas de menor impacto, empleando para ello los criterios necesarios en las subastas de capacidad y mapas de sensibilidad.

En concreto, apuntan que la ley deberá fijar un plazo concreto de tiempo, que necesariamente tiene que ser corto dada la urgencia de acometer el desarrollo renovable, para que el Gobierno de España apruebe con urgencia un real decreto que desarrolle la relación entre planificación energética, planificación de la red eléctrica, subastas de capacidad y ordenación y zonificación del territorio vinculante, a partir del mapa ya elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Con ello, se garantizaría una implantación de las energías renovables que minimice la especulación y asegure que la implantación de los proyectos de energía renovable se lleva a cabo primero en zonas de baja sensibilidad para la biodiversidad.