Ambos intervinieron en la inauguración del I Congreso de Infancia y Adolescencia, celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde también habló el presidente de la plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel, y los tres reivindicaron esa jurisdicción especializada. En el acto estuvieron presentes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

"Este Congreso pretende visibilizar la necesidad de una Jurisdicción de Familia con implantación en todo el territorio nacional, con especialización, y dotada de los recursos económicos y personales que permitan el acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía, sea cual sea su lugar de residencia", señaló el decano del ICAM.

Sobre esta necesidad, especialmente acuciante en las localidades pequeñas que solo cuentan con Juzgados de Primera Instancia no especializados o mixtos y sin recursos de apoyo, vienen alertando desde hace años todos los operadores jurídicos que intervienen en los procesos de familia y menores, todos ellos presentes en estas jornadas a través de representantes de judicatura, fiscalía, abogacía y demás profesiones relacionadas.

Para Alonso, conseguir una Jurisdicción de Familia y Menores, especializada y con recursos "garantiza los derechos de los niños, sujetos pasivos y en ocasiones víctimas en las crisis de familia". Por ese motivo, y aprovechando la presencia de Juan Carlos Campo en el acto, el decano madrileño recalcó "la necesidad de crear la jurisdicción especial de Familia", trasladándole además "la inquietud de los operadores jurídicos por el aparente olvido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario y en la que no se hace mención a esta jurisdicción".

En su intervención, la decana de la Abogacía de Barcelona destacó que la especialización orgánica de la planta judicial "es una de las grandes reivindicaciones de quienes nos dedicamos profesionalmente al Derecho de Familia, pues son muchos los beneficios individuales, colectivos y operativos que se derivan de la misma en interés de las personas que participan en un procedimiento; y muy especialmente de los usuarios del servicio público de justicia y de los menores".

En ese sentido, María Eugenia Gay recordó que "la protección del interés de los niños, niñas y adolescente en los procesos judiciales es hoy una de las máximas obligaciones de los poderes públicos de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 1996".

Por su parte, el presidente de la plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel, recordó que esta asociación interdisciplinar tiene una única finalidad: "La especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad, y esperamos que en este Congreso y con este Gobierno pueda haber una consolidación definitiva en este nuestro objetivo principal".