El Cermi sostiene que "las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social sometido estructuralmente a exclusión severa, con dificultades enormes para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales y acceder a los bienes, productos y servicios que se consideran como normales para toda la población".

"La gravísima crisis económica y de empleo que padecen España y Europa estos últimos años tiene un impacto mayor si cabe en las personas con discapacidad y sus familias, que ven peligrar o en riesgo de retroceder las aún precarias conquistas sociales y de derechos obtenidas a lo largo de los últimos tiempos, gracias a la lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad", agrega el Comité.

Estos avances, en opinión del Cermi, han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte; los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión.