Su declaración es relevante en relación con la adquisición de la sede regional en 2008 y de otro local, que se pagaron a base de "préstamos, los ingresos ordinarios del partido (provenientes de las cuotas de los afiliados), los donativos regulados por ley y las aportaciones que pensábamos pedir", según dijo.

Los dos locales costaron algo más de 1,1 millones de euros, cantidad que se elevó hasta los 1,5 millones con las obras de rehabilitación. Las preguntas de las acusaciones van dirigidas a aclarar una anotación que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’. Se trata de una entrega de dinero al partido en La Rioja, procedente de la presunta ‘caja b’ del PP.

En esos apuntes de la contabilidad paralela se recogía un ingreso de 200.000 euros entregado por el PP de La Rioja en mayo de 2008. Posteriormente, en el mes de junio, el PP nacional les mandó´, mediante transferencia bancaria, una cantidad idéntica para financiar la operación. Cuevas negó en el juicio que el PP de La Rioja hiciera ese envío previo a la aprobación de la ayuda en lo que aparenta ser una operación de blanqueo de dinero negro: “Es falso, absolutamente falso”, sentenció.

Cuevas explicó que hizo una petición de ayuda a Génova para la compra de la nueva y para gestionarla estuvo en contacto con los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. “Seguramente fui yo quien se puso en contacto con el tesorero nacional para comentarle nuestra voluntad de comprar la sede. Nos dijeron que nos debían otorgar un poder notarial para formalizar la compra. Primero nos dirigimos a Álvaro Lapuerta y luego, cuando compramos un inmueble adyacente, como había habido un cambio en la tesorería nacional, fue Bárcenas quien nos otorgó ese segundo poder notarial".

El ex secretario general del PP de La Rioja negó en varias ocasiones haber entregado dinero contante y sonante al extesorero nacional, que en su declaración dijo que en el PP de La Rioja necesitaba “dinero oficial para comprar la sede".

Explicó, además, que "ese dinero nunca hubo que devolverlo, no fue un préstamo, fue una transferencia; esa sede pertenece al Partido Popular de España". Tampoco pudo aclarar si la decisión de conceder dicha ayuda fue tomada por el Comité Ejecutivo nacional. "Solo sé que este tipo de decisiones formaban parte de las competencias de la tesorería nacional", que tenía que otorgar los correspondientes poderes.

La exgerente del PP de La Rioja hasta 2018, Ana Elvira Martínez, declaró a continuación de Cuevas. Negó haber participado en las gestiones con el PP para solicitar una “ayuda” que les permitiera comprar la sede regional. Aseguró, además, no saber “quién participó” en esa negociación para obtener una “ayuda”, “no un préstamo, porque no había que devolverlo”.

Igual que hizo Cuevas, Martínez negó que esos 200.000 euros fueran una transferencia de dinero "oficial" para comprar los edificios. "A la sede central les pedimos una ayuda y nos llega con una transferencia bancaria", aseguró antes de afirmar que el PP riojano “nunca” recibió donaciones ilegales

REFORMA EN GÉNOVA

La décima sesión del juicio comenzó con la declaración de Claudio Montero Santos, arquitecto que trabajó cinco meses para Unifica, negó en su declaración tener responsabilidad alguna sobre las certificaciones de obra y explicó que, como en cualquier otra obra, “hacíamos el típico presupuesto de obra. Luego había reuniones semanales en las que se chequeaba qué parte se había efectuado". Montero estuvo imputado en esta causa.

Según explicó, los encargados de hacer las certificaciones de las obras eran los socios propietarios del estudio de arquitectura que realizó la reforma de Génova, 13, mientras que su labor era controlar la ejecución de los trabajos. Hacer “trabajo de campo", resumió.

Montero aseguró no tener conocimiento de la identidad de las personas del PP con las que se negociaron los contratos para la obra ni tampoco pudo confirmar que se pactara un porcentaje de reducción en los precios presupuestados con los responsables del partido. “Yo era un empleado más”.

El testigo no dio explicación a las diferencias de hasta 200.000 euros que existían entre el presupuesto de obra y las certificaciones finales realizadas en la planta 4ª en la que trabajó, ya que la obra de cada planta era un proyecto independiente. Pese a reconocer que esa diferencia es “extraña”, insistió en que las certificaciones no eran su “responsabilidad”, por lo que no tenía conocimiento de las mismas. Lo que sí negó es haber cobrado alguna vez en negro o tener conocimiento de que alguno de sus compañeros de Unifica lo hicieran.