Según informó el Instituto Armado, en el marco de esta operación se ha detenido a los 20 integrantes de la banda, cuyo cabecilla operaba desde Toledo. Se contabilizan cerca de 900 perjudicados en Asturias, León, Lugo, Cantabria, Vizcaya y La Rioja.

La investigación se inició a finales del pasado año, tras la denuncia presentada por una vecina de la localidad de Posada de Llanes (Asturias), a la que le habían facturado por la revisión de la instalación de gas un importe de 900 euros.

Tras las primeras investigaciones se pudo comprobar que un grupo de personas, en representación de una empresa autorizada de instalación de gas de ámbito nacional, se presentaba en domicilios de personas de avanzada edad, que residían en zonas rurales. Los arrestados decían que iban a realizar una revisión de la instalación que era ficticia y por la que facturaban altas cantidades de dinero.

Para acreditar la legalidad de su identidad exhibían logotipos y carnets falsos de instaladores autorizados. Los detenidos accedían a las viviendas de los ancianos de forma precipitada e intimidatoria, de manera que llegaban a amenazara los ancianos con cortarles el gas si se negaban a autorizar la revisión o a abonar la factura, por lo que las víctimas accedían y pagaban.

Era práctica habitual también que para obtener el dinero trasladasen a las víctimas en sus propios vehículos hasta entidades bancarias para que hicieran extracciones bancarias si no disponían de dinero en la vivienda. El grupo actuaba en equipos de 2 ó 3 personas, que salía de Oviedo a primera hora de la mañana para trasladarse a las zonas rurales, donde llevaban a cabo su actividad delictiva.