Así se expresa Gestha en una nota de prensa en la que hace un llamamiento a las comunidades autónomas para que no apliquen bonificaciones al pago de este impuesto durante su tiempo de vigencia, ya que de hacerlo no sólo renunciarían a unos ingresos vitales para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes.

De no aplicarse un criterio uniforme en el ámbito nacional, Gestha alerta de que podría producirse una deslocalización de patrimonios, a través de la cual muchos poseedores de grandes fortunas podrían modificar su domicilio fiscal hacia las comunidades autónomas que eximan de su pago.

Por el contrario, considera que la restauración del Impuesto no alentará una fuga de capitales al exterior, ya que a este gravamen se debe contribuir por la fortuna mundial, es decir, tanto la situada en España como la del extranjero.

La estimación ofrecida por el Gobierno, la recaudación prevista por la reinstauración del Impuesto de Patrimonio es significativamente inferior a la registrada durante el último año de vigencia de este gravamen.

Esta situación se debe, según Gestha, a que el alza del mínimo exento hasta los 700.000 euros reduce a su vez las bases liquidables, lo que se traduce en un menor pago a partir del mismo patrimonio.

Concretamente, los 160.000 declarantes que estima el Gobierno aportarán 1.080 millones de euros, un 36% menos que los cerca de 1.700 millones de euros con los que cargarían bajo las condiciones vigentes en 2007.

A ello se suman los efectos de la crisis iniciada en 2008, a raíz de la cual la mayor parte de las acciones redujeron su valor, siendo este uno de los principales activos gravados por el Impuesto de Patrimonio.