En esta operación participaron el citado ministerio, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los servicios de inspección de las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Valencia.

Los 300 pasajeros que viajaban en estos autobuses fueron trasadados a vehículos legalmente autorizados. Ocho de los autobuses fueron inmovilizados en Andalucía, cinco en Cataluña y otros cinco en Valencia.

La inspección estuvo centrada en el corredor Cataluña-Andalucía por ser el que presenta un mayor volumen de tráfico, lo cual hace que circulen por él un número significativo de autobuses que carecen de cobertura de seguro para los pasajeros en caso de accidente.

Las distintas administraciones estiman que entre 25 y 30 autobuses circulan ilegalmente entrelas comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña.