Esta es la valoración formulada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a una consulta realizada sobre esta ley que se le planteó por primera vez en 2015 por la Asamblea Parlamentaria de esta institución. Según sus conclusiones, la ‘Ley Mordaza’ "conduce a abusos en la práctica" por lo que entiende que "debe cambiarse, acotarse o acompañarse por salvaguardas adicionales, incluso si en teoría es constitucionalmente aceptable".

El Consejo aboga por modificar la Ley para que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". Justo ahora, esta norma está en fase de revisión en el Congreso de los Diputados, por lo que el informe cobra especial importancia.

El informe recomienda acotar el papel de la policía, revisar la prohibición de manifestaciones no autorizadas o las elevadas multas, que pueden llegar a 600.000 euros, una cantidad que "parece demasiado elevada en el contexto español".

Según la Comisión de Venecia, la ley "confiere a la policía amplios poderes pero no indica en qué situaciones tienen que utilizarse o qué medidas se pueden tomar". También, propone que se establezcan o refuercen los mecanismos que sirvan para "identificar patrones de abuso de poder, abusos y facilitar inspecciones a los policías".

El Consejo considera que pueden ser abusivos los "controles arbitrarios de DNI o la identificación discriminatoria", los controles personales o los cacheos basados en "sospechas individuales". Defiende, igualmente, que las autoridades toleren “manifestaciones espontáneas", aunque no se hubiera pedido autorización previa, cuando no haya riesgo de desórdenes sustanciales.

Tampoco cree que los promotores de una manifestación tengan que pagar por los posibles desórdenes que puedan causar los manifestantes durante la misma y ven muy “elevadas” las sanciones económicas, que pueden llegar hasta los 600.000 euros. Entiende esta instancia que estas limitaciones pueden afectar a la “libertad de reunión". Critica que se considere una acción “criminal” las faltas derivadas de estos hechos y, en todo caso, entiende que de continuar así deberían ser objeto de un “juicio justo” del que se eliminara la "presunción de veracidad de los informes de policía".

En lo relativo a las ‘devoluciones den caliente’ en la frontera de Ceuta y Melilla, la Comisión de Venecia pide que se compruebe antes de su expulsión si las personas que tratan de acceder a territorio español pueden ser beneficiarias de asilo.