Su confirmación sigue la estela de las agencias canadienses DBRS Morningstar y Moody’s, que el pasado día 5 de marzo ratificaron también sus notas ‘A/R-1’ y 'Baa1', respectivamente, a la deuda soberana española, en ambos casos con perspectiva 'estable'.

En el caso de S&P Global Ratings, el sesgo ‘negativo’, previene ante una potencial rebaja futura si cristalizan los riesgos que ahora observa. En el informe divulgado este viernes justifica el sesgo en las vulnerabilidades que la crisis ha creado en hogares y empresas, y avisa de que “algunas pymes podrían afrontar insolvencias, aumentando los pasivos contingentes” cuando el Gobierno comience a retirar las medidas extraordinarias de apoyo.

Por otra parte, advierte sobre el potencial aumento del déficit del sistema de seguridad social a medida que la población envejece si no tiene lugar un compromiso político para aumentar la edad de jubilación efectiva o ampliar la duración de las cotizaciones obligatorias. “Pensamos que los persistentes déficits de la seguridad social en España reducen la probabilidad de que el presupuesto general del Estado tenga superávits primarios en el horizonte de proyección”, explica su informe.

Sus expertos indican que podría bajar las calificaciones en los próximos dos años si observan que el potencial del crecimiento de país se ha debilitado, por ejemplo, por una reversión de las reformas laborales o de mercados de productos. También previenen sobre que las calificaciones “podrían verse sometidas a estrés” si se produce un uso de los avales públicos utilizados para dar créditos “a gran escala” y obligan a realizar aumentos de deuda más allá de sus previsiones.

A la inversa, S&P Global Ratings afirma que podría mejorar su nota para el Tesoro español “si la economía española se recupera con fuerza durante los próximos años, la consolidación presupuestaria se acelera y las transferencias de la UE conducen a mejoras en el potencial de crecimiento del país”. También podría mejorar su sesgo a ‘estable’ si la deuda externa neta cae más allá que la economía.

Sus analistas prevén que la economía recuperará a los niveles de 2019 en 2022, a medida que se vayan retirando las obligaciones de distanciamiento social y los volúmenes comerciales y de viajes mundiales se recuperen. En apoyo de la reactivación citan que España podrá optar a recursos europeos equivalentes al 12,8% del PIB en préstamos y transferencias, de los que alrededor del 2,7% PIB ya está previsto por el Gobierno en el Plan presupuestario de 2021.

Conforme a sus cálculos, la economía podría reducir el déficit presupuestario al 4,2% del PIB en 2022 desde el 11,8% al que finalizó el pasado año, “ya que la recuperación de la demanda beneficia los ingresos” y gracias al extraordinario apoyo económico. Sin embargo, avisan de que “persisten los riesgos para la senda fiscal y de crecimiento”.

A su juicio de sus expertos, la evolución de la pandemia sigue siendo el determinante clave del crecimiento y las finanzas públicas, pero ven “alcanzable” los planes de llegar a inocular al 70% de la población adulta la vacuna para finales de agosto.

No obstante y, sujeto, en cualquier caso al riesgo de aparición de nuevas variantes del virus, reconocen que siguen existiendo riesgos para los sectores de exportación como es el turismo, que, antes de la pandemia, representaba alrededor del 7% de valor agregado bruto del país, cercano al 13% del empleo y 4.8% del PIB en exportaciones netas.

Aún así la firma de calificación cree que la economía rebotará este año un 5,7% y el 6,6% durante el ejercicio 2022, logrando que el PIB “vuelva a las cifras de 2019 a mediados del próximo año”. Sus cifras no incorporan además el potencial aumento inducido de los proyectos que puedan ponerse en marca con los recursos que lleguen de Europa.

RIESGOS POLÍTICOS

En clave más política la firma detalla que el Gobierno liderado por el PSOE es el primero de coalición en la historia moderna de España, y “se ha enfrentado a una serie de desafíos políticos” al carecer de mayoría parlamentaria por la “necesidad de buscar el apoyo legislativo de una amplia gama de partidos políticos más pequeños, incluidos los regionales”.

Si bien repara en que la plataforma pro- independentista de la Generalitat de Cataluña “sigue siendo un punto de fricción en la política nacional”, reconoce que, “hasta ahora, las tensiones políticas no han pesado significativamente sobre el desempeño económico de España”.

Al respecto reconoce que la formulación de políticas ha sido “generalmente eficaz en los últimos años”, promoviendo un crecimiento económico sostenible. Pero también avisa su informe de que los cambios de políticas “son posibles” debido a cambios en la administración, “que es actualmente débil dado el panorama político” o por las “posibles influencias desestabilizadoras de los desafíos socioeconómicos subyacentes o importantes a largo plazo”.