En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Llamazares señaló que cuando la Mesa de la Cámara Baja rechace la impugnación presentada por IU-ICV contra el procedimiento elegido para aprobar la reforma de la Carta Magna, recurrirán en amparo “inmediatamente” al Tribunal Constitucional.

Agregó que pedirán al Alto Tribunal la paralización del citado procedimiento, pues lo consideran “fraudulento” y que convierte a los parlamentarios en “convidados de piedra”.

Además, añadió que han elaborado ya el escrito para reclamar el referéndum sobre la citada reforma, amparándose en el artículo 167.3 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Referéndum.

El artículo 167.3 de la Constitución establece que “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

Para Llamazares, la reforma que se votará mañana es “profundamente antisocial”. Se trata de un texto, dijo, que “tiene la obsesión del recorte del déficit público, cuando el problema es el desempleo”.

En su opinión, el primer efecto de esta reforma, que aún no está aprobada, “es la ruptura del consenso constitucional”, al haber sido pactada sólo por los dos grandes partidos. “La pluralidad ha saltado por los aires”, agregó.

APLICACIÓN COSPEDAL

El portavoz de IU en la Cámara Baja dijo que un “muy representativo” ejemplo de los “efectos antisociales” que tendrá el nuevo texto y que demuestra la “verdadera naturaleza” del ajuste constitucional es la “aplicación Cospedal”, en referencia al Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos anunciado por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP y que implica un recorte del 20% de los Presupuestos Generales de la región para 2012.

Por su parte, la portavoz de ICV en la Cámara Baja, Nuria Buenaventura, manifestó que “no puede haber modificación de derechos sustanciales sin una petición a la población de qué opinan” sobre dicha reforma.

Llamazares y Buenaventura presentaron la enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP. La enmienda de IU-ICV argumenta que la reforma planteada, además de antisocial, “pone en gravísimo riesgo los recursos necesarios para la protección del Medio Ambiente y el sostenimiento de las prestaciones públicas del Estado Social”.

“La reforma PSOE-PP limita la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas”, establecidas en el artículo 156 de la Constitución, añaden Llamazares y Buenaventura, para quienes la modificación que se votará mañana es “innecesaria, ineficaz y perjudicial”.

TEXTO ALTERNATIVO

El texto alternativo de IU-ICV plantea una reforma amplia de la Constitución, de modo que sea obligatorio “alcanzar y mantener, como mínimo, el nivel medio existente en la Unión Europea de gasto en protección social”.

La Constitución recogerá la obligación de perseguir el fraude fiscal y establecerá “mecanismos constitucionales que permitan investigar la legitimidad de las condiciones conseguidas por los suscriptores de deuda pública”, según la propuesta de IU-ICV.

El texto alternativo plantea también que la Carta Magna garantice un “sistema electoral realmente proporcional” y establezca “como obligatorio consultar mediante referéndum cualquier modificación de la Constitución que no sea de mero carácter técnico o terminológico”.

Introducirá también, proponen IU-ICV, mayor nivel de garantía para la efectividad de los derechos al trabajo, la vivienda, la salud, la educación, el medio ambiente y el sufragio activo de los españoles residentes en el exterior y de los extranjeros residentes en España.

“Se suprimirá totalmente la pena de muerte, actualmente permitida en tiempos de guerra” y “se introducirán las modificaciones constitucionales necesarias para garantizar la laicidad del Estado”, propone el texto alternativo, entre otras cosas.