Así, y según un informe remitido en nota de prensa por la alianza, en 2007 se registraron 523 ataques, con más de 1.400 reses muertas y un coste de más de 492.000 euros; en 2008, 735 ataques, con casi 2.000 reses muertas y 692.000 euros en pérdidas; en 2009, 1.325 ataques, con más de 3.500 reses muertas y más de 1,2 millones de euros en pérdidas; en 2010, casi 2.150 ataques, con casi 5.800 reses muertas y con más de dos millones de euros en pérdidas; y en lo que va de año hasta el 1 de agosto, más de 1.600 ataques, con más de 3.800 reses muertas y más de 1,3 millones de euros en pérdidas.

Por todo ello, UPA y COAG rechazaron “la existencia” de lobos “en todas” las zonas de Castilla y León en las que exista actividad ganadera en régimen extensivo, y no aceptó “ninguna propuesta” de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que “pase por la obligación de suscribir seguros” por parte de los ganaderos para ser indemnizados en caso de sufrir ataques del lobo, un punto en el que se decantaron por “la indemnización directa”.

Ambas OPA también pidieron la modificación de la Directiva 92/43/CEE de mayo de 1992, en la que se declara al lobo como especie cinegética al sur del Duero, ya que “no evitará los continuos ataques al ganado tal y como ocurre en las provincias situadas al norte”.

De no llevarse “a efecto” las peticiones de UPA y COAG, éstas presentarán ante la Junta de Castilla y León “tantas demandas patrimoniales como ataques de lobo se produzcan”, según añadieron las mismas fuentes.