La Fadsp afirmó que esta reforma "impedirá que las administraciones públicas puedan recurrir al endeudamiento público para construir infraestructuras sanitarias que requieren de una importante inversión inicial" y que "es muy difícil afrontar sin recurrir al endeudamiento".

Además, esta entidad señaló que el acuerdo "limitará la capacidad para adquirir y reponer recursos y equipamiento, así como para desarrollar los planes directorios de mejora de hospitales y centros de salud, que también precisan de inversiones".

La Fadsp señaló, asimismo, que "pondrá en riesgo la capacidad de mantenimiento de los servicios sanitarios, sobre todo en tiempos de crisis como la actual", ya que entre el 30 y el 40% del gasto de las comunidades públicas se destina a sanidad pública y son las administraciones que mayores recortes están introduciendo en sus presupuestos.

"Hay que tener en cuenta que el envejecimiento de la población y el incremento de la dependencia va a suponer un incremento de la demanda de cuidados sanitarios en el futuro inmediato, cuya satisfacción obligará a realizar inversiones en recursos", apuntó.

Por ello, la Fadsp aseguró que la reforma constitucional "hará muy complicado a medio plazo el mantenimiento del sistema sanitario universal y gratuito como el que disfrutamos en la actualidad y favorecerá la privatización de la sanidad".