Así lo subrayó este martes la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que tiene lugar este domingo 21 de marzo, impulsada por los ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Educación y Formación Profesional, Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, según Montero, el Gobierno “pone de relieve” que la ejecución de estas políticas destinadas a la eliminación de la discriminación racial será una "línea prioritaria de actuación" puesto que dichas políticas “tienen más sentido que nunca y nos permiten construir una sociedad inclusiva, igualitaria, condenando actitudes y comportamientos que pongan en cuestión las múltiples aportaciones positivas que esta diversidad racial y étnica brinda al conjunto de la sociedad”.

A este respecto, reconoce los “importantes avances jurídicos y sociales” que se han producido en el país en aspectos como la igualdad de trato, no discriminación y respeto de la diversidad, si bien admite que diferentes instancias internacionales, incluida la UE, recomiendan a España “mejorar” la identificación y publicación de indicadores socioeconómicos y de incidentes racistas para conocer “con mayor nivel de detalle la realidad del racismo en nuestro país”, cuestión que representa “uno de los principales desafíos” para el Ejecutivo de Sánchez.

DIAGNÓSTICO MÁS PRECISO

Tras denunciar el aumento de los discursos de odio y de los actos racistas, que han dado origen a movimientos “de repulsa y resistencia” como el de ‘Black Lives Matter’, el Gobierno afirmó la necesidad de disponer de un “diagnóstico más preciso, más estadísticas, encuestas y estudios” que permitan realizar un análisis “más detallado y completo” del grado de acceso de las personas migrantes, las personas del pueblo gitano, africanas y afrodescendientes, asiáticas, árabes y demás grupos poblacionales y étnicos a derechos económicos y sociales, tales como la vivienda, la educación y formación, el empleo y la atención a la salud.

El Gobierno reconoce, asimismo, la labor de la sociedad civil, cuyo “esfuerzo” debe, a su entender, “acompañarse” de políticas públicas y en su caso, “medidas especiales que favorezcan la participación de todas las personas en la sociedad, independientemente de su origen”.

En este punto, la declaración hace hincapié en aquellos “sectores específicos” del colectivo migrante en situación de “particular vulnerabilidad”, como es el caso de las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola, en el empleo informal, en los asentamientos, o el de las personas trabajadoras del hogar, motivo de “especial preocupación” para el Gobierno.

Asimismo, en un contexto de “auge de movimientos racistas y xenófobos, basados en ideologías supremacistas”, el Ejecutivo se muestra “consciente” de que los sistemas educativos son “esenciales” para la transmisión de los “valores inclusivos” y confirma su “fuerte compromiso con la lucha contra la discriminación racial o étnica”.