Bajo el título “No somos suciedad: Desalojos forzosos en asentamientos informales de Egipto", este trabajo documenta los casos de cientos de familias desalojadas a la fuerza de sus hogares, “una violación de los derechos humanos” que tras las próximas elecciones libres no puede continuar.

La investigación se llevó a cabo durante los dos últimos años, a raíz de que tras un deslizamiento de rocas mortal en el barrio cairota de Manshiyet Nasser en 2008 las autoridades egipcias identificaran 404 “zonas inseguras” en todo el país, que debían derruirse.

Entre otras irregularidades, denunció la falta de aviso a las familias previo al desalojo; su traslado a viviendas alternativas muy alejadas del lugar de trabajo; la carencia de documentación acreditativa de las nuevas viviendas, y el empleo de la fuerza y de detenciones arbitrarias contra los que protestan.

Muchos residentes de barrios marginales se quedaron además sin hogar cuando las autoridades derribaron sus casas y nadie les facilitó una nueva vivienda, prosiguió Amnistía, que subrayó la discriminación que a la hora de asignar los nuevos domicilios viven las mujeres, "en especial las divorciadas, viudas y separadas".

RECOMENDACIONES Y SOSPECHAS

Según Amnistía, “las autoridades y partidos políticos egipcios deben dar máxima prioridad a los derechos de estos 12 millones de personas”, a fin de “atender las peticiones de justicia social y dignidad humana defendidas durante la “Revolución del 25 de Enero”.

Por ello, reclamó que cuando se trate de buscar soluciones a las terribles condiciones de vivienda, escuchen “la voz de los habitantes de los barrios marginales de Egipto”.

Además, Amnistía exigió más trasparencia a las autoridades, pues mientras que algunas comunidades de vecinos han pedido ser realojadas por el riesgo que corrían sus viviendas, el gobierno dio prioridad a otras de emplazamientos más seguros.

“Este enfoque contradictorio ha sembrado entre los habitantes de los barrios marginales la sospecha de que se les está desalojando no para protegerlos, sino para urbanizar el terreno con fines comerciales”, destacó.

La organización también instó a las autoridades a replantearse los grandes planes de urbanización previstos, como el Plan general El Cairo 2050.

Anunciado a finales de 2008, dicho proyecto pretende “redistribuir” en el año 2050 a alrededor de dos terceras partes de la población prevista de El Gran Cairo, que para entonces se estima será de 30 millones de personas en nuevas ciudades situadas en la periferia.

“Al parecer, un objetivo subyacente de El Cairo 2050 es despejar la capital de sus “chozas” para abrir paso a proyectos de inversión”, concluyó Amnistía.