Los populares explicaron, a través de un comunicado, que el dictamen que se aprobará mañana incluye varias modificaciones con respecto al texto original, una parte de las cuales son consecuencia de las propuestas del partido de Pablo Casado.

En concreto, la formación popular explicó que ha presentado 84 enmiendas al proyecto de ley presentado por el Gobierno, por lo que ha sido una norma “muy trabajada” por el primer partido de la oposición con el fin de “mejorar el texto original y lograr amplios consensos”.

El PP también destacó que la reforma de la legislación civil sobre discapacidad es una modificación normativa “largo tiempo esperada y reclamada por las personas con discapacidad”, que modifica siete de las principales normas de Derecho privado adecuándolas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 9 de abril de 2008. En concreto, el cambio legal afectará al Código Civil, Ley hipotecaria, Ley notarial, Ley de Registro Civil, Ley de Patrimonios Protegidos, Ley de Jurisdicción Voluntaria y Ley de Enjuiciamiento Civil.

“ACTUACIONES IMPRESCINDIBLES”

Los populares destacaron el impulso y la implicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en todo el proceso de elaboración de este proyecto, que fue encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Comisión General de Codificación y que el actual Ejecutivo mandó al Congreso.

A juicio del PP, era esencial reforzar la coherencia de los siete textos legales en este cambio de paradigma, que busca hacer realidad la plena integración de las personas con discapacidad sin discriminación y, en este caso, dando un paso esencial al reconocer su plena capacidad jurídica. “Son normas”, afirma el partido de Casado, “que regulan actuaciones imprescindibles a lo largo de la vida de las personas, como nacimiento, determinación de la filiación, matrimonio, divorcio, relaciones de familia, contratación o sucesiones”.

“Con esta ley”, añaden los populares, “desaparece de nuestro ordenamiento jurídico la incapacitación judicial”. “El principio fundamental que informa esta reforma es que todas las personas tienen plena capacidad jurídica y pueden ejercitarla”, añade.

“Las personas con discapacidad han de recibir el mismo trato que todas las demás y el derecho privado elimina la idea de sustitución de su voluntad por la actuación de representantes legales”, indica el PP, que señala que “la tutela quedará vinculada a partir de ahora a los menores de edad, y no podrá constituirse respecto a los mayores de edad”. “Tampoco se mantendrá la patria potestad prorrogada o rehabilitada, aunque los padres podrán seguir siendo la persona de apoyo en los términos regulados en el Código Civil”, destaca.